La propagación del nuevo coronavirus en Canadá afecta a todas las personas que se encuentran en su territorio, directa o indirectamente. La mayoría de los residentes obtiene ayuda de los diferentes planes del gobierno para sobrellevar los problemas que causa el coronavirus, en términos económicos y de salud.
Pero hay un segmento de la fuerza de trabajo de Canadá que se está quedando atrás a medida que el gobierno federal amplía el alcance de la asistencia a los trabajadores afectados por COVID-19.
Organismos de defensa de migrantes indocumentados piden acceso a los planes de ayuda económica y a la atención de la salud sin riesgo de ser deportados a su país de origen a causa de COVID-19.
Diversos organismos sostienen que los migrantes en situación precaria no acuden para someterse a exámenes o tratamientos porque no están cubiertos por ningún seguro. PHOTO : RADIO-CANADA / IVANOH DEMERS
El gobierno canadiense busca desde hace años encontrar algunas vías que le permitan dar respuestas a las demandas de organismos que defienden a personas que viven sin documentos legales de estadía en el país. Son los llamados indocumentados.
No se sabe exactamente cuántos son.
A nivel nacional, algunos investigadores estimaban en 2016, que serían entre 200.000 y 500.000 los migrantes indocumentados en el país.
A ese efecto se crearon varios programas destinados a encauzar las vidas de esas personas y sus familias, muchas de ellas residentes de larga data.
Por ejemplo, en 2018, el gobierno de Quebec aportó modificaciones a la Ley de Educación Pública para proporcionar una educación universal y gratuita a «todo niño hasta los 18 años, independientemente de la situación migratoria de sus padres o tutores.
Otro programa, en 2019, que tuvo mucha repercusión positiva estuvo destinado a trabajadores de la construcción en el Área Metropolitana de Toronto a través del programa de Política Pública Temporal para Trabajadores de la Construcción sin Estatus en el Área Metropolitana de Toronto.
En dicho programa se involucraron el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) junto con el Congreso Laboral Canadiense (CLC).
Esa iniciativa permitió a centenares de trabajadores de la construcción sin estatus obtener la residencia permanente.
Ellos hoy, tienen acceso a beneficios otorgados por el gobierno a los que se quedaron sin empleos a causa de COVID-19.
Ontario y Quebec acceden a pagar por cuidados de salud
Varios organismos de defensa de migrantes tanto de Quebec como de Ontario vienen pidiendo a sus respectivos gobiernos de permitir el acceso irrestricto a todos los cuidados de la salud.
Médicos del Mundo es un movimiento internacional independiente cuya misión es ofrecer y promover el acceso a cuidados de salud a las personas vulnerables y excluidas tanto aquí en Canadá como en otros lugares del mundo.
Cuenta con una sede en Montreal, y el año pasado atendió a 1.200 migrantes en situación precaria. El organismo, que cuenta con una clínica para migrantes en situación precaria dijo que “en un contexto de salud pública mundial, sería prudente reducir todos los riesgos posibles para todos, por lo que hay que asegurarse de que todos sean tratados sin excepción”. Las presiones dieron algunos resultados.
A fines de marzo los gobiernos de Ontario y Quebec informaron que iban pagar por los cuidados de salud relacionados con COVID-19 a las personas sin seguro y con tarjetas de salud vencidas.
Esta ampliación de la cobertura para todos los migrantes indocumentados y las personas en situación precaria ha sido solicitada por las organizaciones de derechos de los migrantes durante casi 25 años.
Sin embargo, diversos organismos sostienen que los migrantes en situación precaria, que por lo general se mantienen lo más alejados posible de los servicios del Estado, no acuden para someterse a exámenes o tratamientos porque no están cubiertos por ningún seguro. Y porque el miedo a ser deportados está siempre presente.
Columbia Británica
Un organismo del oeste canadiense Sanctuary Health, que trabaja con migrantes indocumentados en Columbia Británica, dice que es difícil estimar el número exacto de migrantes indocumentados en la provincia.
Byron Cruz, miembro de Sanctuary Health en Vancouver, explica que muchas clínicas se niegan a tratar a las personas que no presentan una tarjeta de salud.
“Los hospitales aceptan eventualmente tratar a los niños, pero para los inmigrantes indocumentados, una visita al hospital infantil costará 975 dólares. Y si el niño tiene que pasar la noche allí, puede costar 6.000 o incluso 7.000 dólares por noche”.
Byron Cruz es un trabajador comunitario con trabajadores migrantes y personas indocumentadas en Vancouver.
FOTO: RADIO-CANADÁ
Roberto, nombre ficticio, un trabajador de la construcción que vive en el área de Vancouver, le dijo a Radio Canadá que teme “atrapar el virus, ir a casa y darse cuenta de que no puede ni siquiera decirlo en voz alta porque no tiene papeles”.
Es decir, el problema de fondo sigue in ser abordado.
Derechos al subsidio económico para todos pide organismo
La Red de Derechos de los Migrantes pidió el jueves al gobierno federal que intervenga para evitar más daños a los indocumentados que perdieron sus empleos y que crecen de ayuda.
A ese efecto solicitó que se les otorgue números de identificación fiscal a los trabajadores migratorios indocumentados. Con dicho documento, podrán tener acceso a subsidios como el Beneficio de Emergencia de Canadá.
El grupo pide además solucionar el problema de los trabajadores migrantes temporales cuyos números de seguro social vencieron.
Sin ese documento no puede acceder al Beneficio de Respuesta de Emergencia de Canadá (CERB), que son cheques de ayuda del gobierno federal de $ 2,000 por mes enviados a los canadienses que han dejado de trabajar debido a COVID-19.
Syed Hussan, director ejecutivo de la Alianza de Trabajadores Migrantes para el Cambio – una organización miembro de la Red de Derechos de los Migrantes – dijo que un cheque de pago menos afecta de manera significativa el resto de una vida.
Nunca he visto algo tan malo. Nos enfrentamos a una vergonzosa desesperación y a una completa desilusión.
–Syed Hussan
(Foto: ©rightdx/iStock)
Estos trabajadores sin permiso laboral siguen supliendo la escasez de mano de obra en varios sectores de la economía, ya sea en la agricultura, la construcción, limpiando hospitales, entregando alimentos, recogiendo productos en huertos o campos, cuidando a niños o ancianos.
Sin embargo, el miedo a ser detenidos y deportados lleva a estos trabajadores y sus familias a la «clandestinidad», lo que a menudo limita su acceso a los programas sociales y los hace vulnerables a la explotación y el abuso de los empleadores.
Las voces se elevan también a nivel internacional
Recientemente se publicó una petición firmada conjuntamente por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Mundial de la Salud.
«Los derechos y la salud de los refugiados, los migrantes y los apátridas deben protegerse en el contexto de la lucha contra el Covid-19».
Radio Canadá- La presse canadienne-Le Devoir-CDHAL-Sanctuary Health
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