Esas son las declaraciones de Diego García-Sayán, Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, en una reciente entrevista con Radio Canadá Internacional.
En un documento difundido el 22 de abril, el experto de la ONU señaló que la crisis del Covid-19 “plantea amenazas y desafíos especiales para los sistemas de justicia en su conjunto en todo el mundo –incluyendo jueces, fiscales y abogados- y para su eficacia e independencia.»
Los Relatores Especiales son parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, que reúne a expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU que abordan situaciones específicas de países o cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.
García-Sayán, quien desde diciembre de 2016 ocupa el cargo establecido por primera vez en 1994 por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, destaca que la pandemia “amenaza el derecho de las sociedades a contar con una justicia operativa e independiente. En este contexto, el riesgo de conductas abusivas desde el poder político es real y abre condiciones favorables a la impunidad.”
Estos riesgos se hicieron evidentes en Honduras y Chile.
El pasado 7 de abril el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH denunció que Sergio Rodríguez Orellana y Douglas Bustillo, condenados a 30 años de prisión por el asesinato de la defensora medioambiental Berta Cáceres, sean puestos en libertad por supuestas razones médicas, aprovechando la crisis por el Covid-19.
En Chile, el jueves 9 de abril la Corte de Apelaciones de Santiago absolvió y redujo la pena de 17 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), causando indignación entre los familiares de las víctimas, que denunciaron que el fallo no tenía los fundamentos jurídicos suficientes.
Una protesta silenciosa contra el gobierno del presidente de Chile, Sebastián Piñera, el 1 de noviembre de 2019 en Santiago, Chile. (Foto de Sebastián Vivallo Oñate / Agencia Makro / Getty Images)
Entre las principales consecuencias de la pandemia, García-Sayán destacó que los sistemas de justicia dejan de operar con normalidad, y no todos los países cuentan con modalidades de funcionamiento en situaciones de emergencia.
Una segunda consecuencia de importancia es que esta situación de pandemia otorga a los gobiernos y autoridades del poder ejecutivo “enormes facultades” que a veces carecen de controles, lo cual en algunos casos lleva a situaciones de abuso y atropello. Hungría es un ejemplo, al igual que Filipinas. En América Latina, El Salvador ejemplifica la falta de control de los poderes del Ejecutivo.
El Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, también destacó que se deben priorizar tres aspectos: la seguridad ciudadana, las consecuencias de violencia causada por el encierro, y el mantenimiento de una institucionalidad abierta y permanente, que asegure el acceso de la ciudadanía a la justicia.
También destacó la necesidad de proveer garantías de salud, así como técnicas, para jueces, magistrados, fiscales y su personal auxiliar, reforzando también las capacidades para el trabajo a distancia en la dispensación de la justicia.
El gobierno de El Salvador fue criticado por el hacinamiento en las cárceles del país centroamericano en tiempos de pandemia. (Foto: Handout Presidencia)
Desde la perspectiva del Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, la pandemia ha puesto en evidencia el abuso de las detenciones provisionales.
“Más del 40 o 50 por ciento de la población penitenciaria en América Latina se encuentran bajo detención preventiva, esto es una irregularidad tremenda”, señaló García-Sayán, instando a los jueces y fiscales de la región a que “se pongan las pilas”, sobre todo ante una situación de pandemia, y busquen rectificar esta situación a fin de no arriesgar las vidas de las personas detenidas.
En cuanto al rol de Canadá, Diego García-Sayán destacó que Ottawa está en condiciones de “orientar, sugerir e insistir” a que los Estados miembros de la ONU tomen las medidas para la protección de la salud de su población, “particularmente de las personas privadas de la libertad, que se encuentran directamente bajo responsabilidad del Estado”.
El experto señaló que, a medida que la crisis de salud mundial erosiona la estabilidad económica y social, aumenta el riesgo de la violencia y la delincuencia y en general, la estabilidad institucional.
Fuentes: ONU/ ohchr.org / Canadian Press/ RCI
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