Una carta publicada en el New York Times, con la firma del presidente de la Corte Penal Internacional, el Dr. Chile Eboe-Osuji, reflexiona sobre la necesidad de hacer que la justicia llegue allí donde se violan los derechos humanos fundamentales. En la misma denuncia a la administración del presidente estadounidense Donald Trump por lanzar una serie de ataques, amenazas y actos de presión económica contra la Corte Penal Internacional.
Es la respuesta de Estados Unidos a la decisión del tribunal de abrir una investigación sobre los crímenes de guerra en Afganistán.
El Estatuto de Roma define a la Corte Penal Internacional como una “institución permanente, que está facultada para ejercer jurisdicción sobre todas aquellas personas que hayan cometido crímenes más graves de trascendencia internacional, conforme al Estatuto de la Corte Penal Internacional, teniendo carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. Edificio de la CPI en La Haya, NL © ICC-CPI
La investigación solicitada por la fiscal del Tribunal, Fatou Bensouda, tiene por objeto examinar de un lado los presuntos crímenes cometidos por los combatientes talibanes y las unidades afganas progubernamentales.
Por el otro, los abusos presuntamente cometidos por fuerzas internacionales, incluyendo a soldados estadounidenses en ese país donde los Estados Unidos han librado la guerra más larga de su historia desde 2001. También se han hecho alegaciones de tortura contra la CIA.
*Corte Penal Internacional podría investigar a Canadá por posible crimen de guerra en Afganistán
EE.UU advirtió que no sólo sancionará a los funcionarios de la CPI que participan en la investigación de presuntos crímenes de guerra de los Estados Unidos y sus aliados, también impondrá restricciones de visado a las familias de esos funcionarios e iniciará una contra investigación en la CPI, por presunta corrupción.
El fiscal general, William Barr junto al secretario de Estado, Mike Pompeo dijo la semana pasada que éste era el comienzo de una campaña contra la CPI, y que las medidas anunciadas eran sólo un «primer paso importante para hacer responsable a la CPI por excederse en su mandato y violar la soberanía de los Estados Unidos».
El fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, habla en una conferencia de prensa conjunta sobre la Corte Penal Internacional, en el Departamento de Estado en Washington, DC, el 11 de junio de 2020. – Estados Unidos acusó el jueves a Rusia de «manipular» a la Corte Penal Internacional mientras el presidente Donald Trump anunció sanciones contra los funcionarios judiciales que atacan a las tropas estadounidenses. «Las potencias extranjeras como Rusia también están manipulando a la CPI en busca de su propia agenda», dijo Barr. (Foto de YURI GRIPAS / POOL / AFP a través de Getty Images)
Nacimiento dificultoso de la CPI
-4 de diciembre de 1989: La Asamblea General de las Naciones Unidas pide a la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas que estudie la cuestión del establecimiento de un tribunal penal internacional.
– 25 de mayo de 1993: Se crea el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY).
– 8 de noviembre de 1994: Establecimiento del TPI para Rwanda.
– Julio de 1994: Aprobación por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas de un proyecto de estatuto de una corte penal internacional.
– 17 de julio de 1998: Conferencia de las Naciones Unidas en Roma: firma del Convenio constitutivo de la CPI 120 países votan a favor del texto.
– 11 de marzo de 2003: Sesión inaugural de la Corte Penal Internacional.
Fuente: Corte Penal Internacional
Estados Unidos revocó la visa de entrada de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, en respuesta a su investigación sobre posibles crímenes de guerra cometidos por las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Foto. ICC
CPI y EE.UU: una relación tumultuosa
El expresidente Bill Clinton firmó el Estatuto de Roma de la CPI pero no lo envió al Senado para su aprobación. George W. Bush informó a la ONU en 2002 que EE.UU. no se uniría a la Corte.
Según analistas políticos, EE.UU. nunca aceptó que la CPI fuera independiente del poder estadounidense y del Consejo de Seguridad de la ONU.
Incluso bajo el mandato del ex presidente Barack Obama, Estados Unidos no aceptó que la Corte Penal Internacional pudiera tener jurisdicción sobre los ciudadanos estadounidenses, y su apoyo a la Corte fue relativo.
La relación ha alcanzado niveles elevados de agresividad bajo la administración Trump.
Cómo afecta esto a Canadá
En abril de 2019 Estados Unidos cumplió parte de su promesa revocando la visa a la fiscal jefe Fatou Bensouda. En 2020, engrosó su lista de amenazados con el canadiense Sam Sasan Shoamanesh, Jefe de Gabinete del Fiscal de la Corte Penal Internacional.
Shoamanesh es considerado uno de los mayores expertos en derecho internacional. Es cofundador y vicepresidente del Instituto para las Cuestiones del Siglo XXI (21CQ) y Editor de la revista Global Brief. En su calidad de abogado especializado en derecho internacional, ha prestado servicios a la Corte Penal Internacional desde 2005. También ha trabajado para otros organismos judiciales internacionales, como el Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para la ex Yugoslavia y la Corte Internacional de Justicia.
Varias docenas de canadienses trabajan en la Corte Penal Internacional, muchos de ellos en puestos de prestigio. Entre los destinatarios de las sanciones de los Estados Unidos estaría el Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional, James Stewart, que trabajó durante más de 30 años como ex fiscal de la Corona, incluyendo más de ocho años trabajando con las Naciones Unidas en juicios de derecho penal internacional. Y Kimberly Prost, actual jueza de la Corte que fue miembro de la Cámara de Apelaciones que autorizó una investigación sobre los crímenes cometidos en el Afganistán. Kimberly Prost es la tercera jueza canadiense que ha servido en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.
James Stewart, fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional, visto durante una conferencia de prensa el 18 de julio de 2019. Es uno de los canadienses que podría convertirse en blanco de sanciones estadounidenses por participar en investigaciones de acciones estadounidenses en Afganistán. (Mohammad Ponir Hossain / Reuters)
“El gobierno de Trudeau debe enfrentar los crecientes ataques de Trump a la Corte Penal Internacional”, dice Mark Kersten, consultor superior de la Fundación Wayamo e investigador superior de la Escuela Munk de Asuntos Mundiales y Política Pública.
En un artículo de opinión publicado en CBC, Kersten destaca el silencio manifestado hasta ahora por Ottawa, debido dice “al temor por sus intereses y su relación económica con Washington”. Sin embargo, recuerda que el gobierno liberal en la escena internacional defiende su compromiso con la defensa de los derechos humanos y una política exterior basada en principios.
Hasta ahora señala, se niega a responder a las amenazas de la administración estadounidense hacia la Corte y su personal.
Y recuerda que Canadá ayudó a establecer la CPI.
Que quede claro: no hace falta apoyar las acciones de la CPI para saber que la amenaza y la imposición de sanciones contra los funcionarios canadienses cruzan la línea. El gobierno canadiense debe defenderlos.
Cualquier otra cosa sería una demostración de cobardía.
– Mark Kersten
El Ministro de Asuntos Exteriores canadiense, François-Philippe Champagne, tomó cartas en el asunto.
Dijo la semana pasada en un post en los medios sociales que Canadá apoyaba a la CPI «y su papel crucial dentro del sistema multilateral, luchando contra la impunidad mediante la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes internacionales más graves».
«El personal de la Corte Penal Internacional no debe ser acusado por su trabajo», dijo Champagne.
El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, François-Philippe Champagne, dijo la semana pasada que Canadá apoya a la CPI «y su papel crucial en castigar a quienes cometen los crímenes internacionales más graves».(Foto: Canadian Press /Sean Kilpatrick)
Más de la mitad de los estados miembros de la Corte Penal Internacional, unos 65, firmaron una carta desaprobando la amenaza estadounidense de sanciones contra sus empleados.
En la declaración, los países subrayan que la Corte es «parte integrante» del orden internacional judicial y «una institución central en la lucha contra la impunidad».
La Corte Penal Internacional forma parte de una larga lista de organismos internacionales atacados por Trump desde su llegada a la Casa Blanca.
Baste recordar su posición contra el acuerdo climático de París y el acuerdo nuclear con Irán . Ha retirado al país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Unesco, y puso fin a la cooperación con la OMS.
CBC-NYTimes-Corte Penal Internacional-Internet
Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.