Solicitantes de asilo caminan por Roxham Road cerca de Champlain, Nueva York, rumbo a la frontera canadiense el verano pasado. (Geoff Robins / AFP / Getty Images

Acuerdo de asilo con EE. UU. infringe la Carta Canadiense de Derechos

Una jueza de la Corte Federal declaró que el Acuerdo de País Tercero Seguro, que es un acuerdo de asilo firmado entre Canadá y Estados Unidos, infringe la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. La Corte también le dio al gobierno federal un plazo de seis meses para responder a ese fallo.

Desde su entrada en vigor en 2004, el Acuerdo de País Tercero Seguro, STCA por sus siglas en inglés ha enfrentado una serie de impugnaciones en las cortes. En 2006, Amnistía Internacional, el Consejo Canadiense para los Refugiados y el Consejo Canadiense de Iglesias cuestionaron la designación de Estados Unidos como país seguro para los refugiados. El caso no prosperó debido a que la Corte Suprema se negó a atender la demanda, alegando que no había pruebas sustanciales de los efectos negativos del STCA en los solicitantes de asilo.

En febrero de 2017, unas 22 facultades de derecho de universidades canadienses comenzaron a reunir información para ser utilizada en una nueva impugnación del Acuerdo de País Tercero Seguro ante los tribunales.

Desde 2006, Amnistía Internacional, el Consejo Canadiense para los Refugiados y el Consejo Canadiense de Iglesias cuestionan la designación de Estados Unidos como país seguro para los refugiados (Kim Kyung-Hoon/Reuters)

Organizaciones de la sociedad civil, como Ciudadanos por la Justicia Pública, Amnistía Internacional, la Asociación de Abogados Internacionales de Quebec y la Asociación de Libertades Civiles de Columbia Británica son algunas de las organizaciones que han pedido a las autoridades del gobierno de Canadá que vuelva a examinar el papel del STCA en el programa de refugiados de Canadá.

Los defensores de los refugiados en Canadá han pedido por años la suspensión o revocación del STCA porque consideran que Estados Unidos no es un país seguro para los refugiados.

Aunque Ottawa considera que Estados Unidos siguen cumpliendo con los criterios como para ser considerado como un país seguro, los defensores de los refugiados sostienen que esto es más un ejercicio retórico y que la realidad es muy diferente ya que medidas como la prohibición de viajar impuesta a los refugiados y los solicitantes de asilo tienen un impacto negativo en los derechos humanos. A esto se suma la larga serie de declaraciones contra los inmigrantes de parte del gobierno de Donald Trump.

Una vista del interior del centro de detención de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) muestra a niños en el Centro de Procesamiento Centralizado del Valle del Río Grande en Rio Grande City, Texas, EE.UU., 17 de junio de 2018. (CBP / Reuters)

La jueza Ann Marie McDonald dijo que el acuerdo, que prohíbe a las personas ingresar a territorio de Canadá o de EE. UU. a través de los puestos fronterizos oficiales en ambos países y pedir asilo, es una violación de la sección de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades que garantiza «el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona»

El caso fue presentado por el Consejo Canadiense para los Refugiados, Amnistía Internacional, el Consejo Canadiense de Iglesias y varios litigantes individuales que argumentaron que al devolver a Estados Unidos a los solicitantes de refugio que no reunían los requisitos necesarios, Canadá los expone a riesgos como la detención y la eventual deportación a países en los que podrían sufrir el atropello de sus derechos humanos.

La base para la decisión jurídica fueron los casos de ciudadanos de El Salvador, Etiopía y Siria que llegaron a territorio canadiense desde los EE. UU. y buscaron protección como refugiados.

«Los solicitantes han proporcionado pruebas significativas de los riesgos y desafíos que enfrentan los solicitantes inelegibles según las normas del STCA cuando son devueltos a los EE. UU.», anotó la jueza McDonald.

«Las pruebas establecen que las acciones de los funcionarios canadienses en la aplicación de las disposiciones del STCA provocará reacciones claras y conocidas de parte de los funcionarios estadounidenses. En mi opinión, el riesgo de detención en aras del cumplimiento «administrativo» de las disposiciones del STCA es injustificable», dice el fallo.

Los migrantes esperan el procesamiento inicial en el conocido punto de cruce «irregular» de EE. UU a Canadá, agosto de 2017 (Reuters- Christinne Muschi)

El Acuerdo de País Tercero Seguro, suscrito hace 16 años, reconoce a Canadá y Estados Unidos como países «seguros» para los migrantes y establece que los solicitantes de refugio deben solicitar la protección de los refugiados en el primer país al que lleguen, lo que significa que los funcionarios de fronteras canadienses enviarán de regreso a Estados Unidos a los solicitantes de refugio que lleguen a un puesto fronterizo oficial hacia Canadá.

Una de las solicitantes del caso, Nedira Mustefa, es una musulmana proveniente de Etiopía. Ella fue detenida en Estados Unidos después de haber intentado ingresar a Canadá. Estuvo permaneció en confinamiento solitario durante una semana.

Según la decisión del tribunal, Mustefa describió su encarcelamiento solitario como «una experiencia aterradora, aislante y psicológicamente traumática». 

«La señora Mustefa, que es musulmana, cree que fue alimentada con carne de cerdo, a pesar de haber dicho a los guardias que no podía consumirla por razones religiosas», se lee en el documento. «Mustefa describió haber evitado las comidas porque no podía acceder a alimentos apropiados, y perder casi 15 libras».

Mustefa declaró ante la Corte que «se sentía asustada, sola y confundida en todo momento» y que «no sabía cuándo la liberarían, si es que lo hacían».

En su decisión, la jueza Ann Marie McDonald dijo que encontró que las pruebas demuestran claramente que los que son devueltos a Estados Unidos por los funcionarios canadienses son «detenidos como castigo».

«Canadá no puede hacer la vista gorda ante las consecuencias que tuvo que vivir la señora Mustefa en sus esfuerzos por aplicar las reglas del STCA», escribió la jueza.

Un hombre saca sus pertenencias de un transporte de la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos en un centro de procesamiento para solicitantes de asilo en la frontera entre Canadá y Estados Unidos en Lacolle, Que. 10 de agosto de 2017. (Graham Hughes/The Canadian Press)

El gobierno de Canadá, la parte demandada en este caso, argumentó que aunque los demandantes de asilo rechazados están sujetos a la detención en EE.UU., allí existe un proceso justo y disponible de revisión de detención. La jueza McDonald rechazó este argumento.

«Sugerir que los que están encarcelados serán eventualmente liberados no es suficiente evidencia de un impedimento mínimo», escribió en su fallo.

El gobierno de Canadá también argumentó que la anulación del Acuerdo de País Tercero Seguro ocasionaría un aumento de las solicitudes de asilo y pondría en riesgo el sistema general de refugiados.

En su fallo, la jueza Ann Marie McDonald escribió que «Sin embargo, en mi opinión, las evidencias ofrecidas por los demandados en este punto son débiles. En el pasado, Canadá ha demostrado flexibilidad para ajustarse a las fluctuaciones del número de refugiados en respuesta a las necesidades».

Este Acuerdo de País Tercero Seguro ha sido objeto de mayores cuestionamientos desde que la administración del presidente de EE.UU. Donald Trump comenzó a endurecer las normas de asilo.

McDonald declaró inválido ese acuerdo, pero ha suspendido esa declaración por seis meses para permitir que el Parlamento responda al fallo.

El ministro de la Seguridad Pública y Protección Civil de Canadá, Bill Blair. (Foto: LA PRESSE CANADIENNE / SEAN KILPATRICK)

Una portavoz del ministro de Seguridad Pública, Bill Blair, dijo que ese ministerio está «al tanto de la decisión de la Corte Federal y que está actualmente revisándola».

«Aunque la Corte Federal ha emitido su fallo, esa decisión no entrará en vigor hasta el 22 de enero de 2021. Entretanto, el Acuerdo de Tercer País Seguro sigue en vigor», dijo la secretaria de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, Mary-Liz Power.

Las tres organizaciones que presentaron el caso han pedido al gobierno de Canadá que mientras tanto deje de enviar de regreso a los solicitantes de refugio a EE. UU.

«Aunque la Corte Federal le ha dado al gobierno seis meses de margen, es imperativo que Canadá ponga fin inmediatamente al envío de los solicitantes de asilo de regreso a EE. UU.», dijo Alex Neve, secretario general de Amnistía Internacional Canadá, en una declaración conjunta.

Alex Neve, secretario general de Amnistía Internacional Canadá.
Photo Credit: Amnistía Internacional Canada


«El Acuerdo de Tercer País Seguro ha sido fuente de graves violaciones de los derechos humanos durante muchos años, lo que ha sido confirmado inequívocamente en este fallo. No se puede permitir que esta situación continúe por un día más, y en la actualidad es aún más preocupante debido a la prevalencia del Covid-19 en los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos».

Alex Neve, secretario general de Amnistía Internacional Canadá.


Por su lado, desde la derecha canadiense, el diputado conservador Peter Kent, crítico en materia de ciudadanía e inmigración, pidió al gobierno de Canadá que apele esta decisión. La crítica en materia de inmigración del Nuevo Partido Democrático, Jenny Kwan, quiere que los liberales no hagan tal cosa.

«Esperamos que los liberales acepten esta importante decisión y no la apelen, ya que demasiadas personas ya han perdido sus derechos», escribió Jenny Kwan en un comunicado de prensa.

«El gobierno liberal debe notificar a EE. UU. inmediatamente y retirarse del Acuerdo de País Tercero Seguro para dejar de ser cómplice en obligar a los solicitantes de asilo a volver a la persecución, la tortura e incluso la muerte».

Jenny Kwan, diputada del Nuevo Partido Democrático en el Parlamento de Canadá.

Fuentes: CBC / C. Tunney / Corte Federal de Canadá / CPJ / Canadian Press / RCI

Categorías: Inmigración y Refugiados, Internacional, Política, Sociedad
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