Los abogados de los indígenas Wet’suwet’en acudieron este jueves a la Corte Suprema de la provincia de Columbia Británica para solicitar una orden que anule la extensión de un certificado de evaluación medioambiental para la construcción de un oleoducto que desencadenó una serie de protestas en todo el país en febrero, después de una intervención violenta de la policía federal canadiense contra la protesta de este pueblo indígena.
El director ejecutivo de la Oficina de Evaluación Medioambiental de Columbia Británica concedió a Coastal GasLink una extensión en octubre pasado, casi cinco años después de que se emitiera un certificado para la construcción del polémico gasoducto de 670 kilómetros.
Una petición presentada en febrero en nombre de la Oficina de la Wet’suwet’en, una sociedad sin fines de lucro gobernada por varios jefes hereditarios, explicó que los certificados de evaluación medioambiental establecen un plazo de cinco años, momento en el cual un proyecto debe estar «sustancialmente» en marcha.

El trayecto del proyecto Coastal Gaslink. (Imagen: CBC)
Si no lo está, el titular del certificado puede solicitar una prórroga única. Coastal GasLink presentó su solicitud en abril de 2019, unos seis meses antes de que expirara su certificado.
El documento dice que la oficina de evaluación confirmó que los factores que informaron la decisión de conceder la prórroga a Coastal GasLink incluían el historial de cumplimiento de la empresa, así como «cualquier efecto adverso significativo potencial nuevo o modificado que requiriera revisiones» del certificado y sus condiciones.
Los abogados de los indígenas Wet’suwet’en argumentaron que los registros de la Oficina de Evaluación Medioambiental sobre la decisión no abordaban el historial establecido de incumplimiento por parte de la empresa, que incluye más de 50 casos de incumplimiento de las condiciones existentes a lo largo del año pasado.
Los abogados sostienen que la Oficina de Evaluación Medioambiental de Columbia Británica no consideró de manera significativa las conclusiones del informe de la Investigación Nacional sobre Mujeres y Niñas Indígenas Desaparecidas y Asesinadas, publicado en junio de 2019, ni realizó un análisis de los posibles daños por razones de género asociados al proyecto de oleoducto.

Manifestación en Ottawa en apoyo a los jefes hereditarios de Wet’suwet’en que se oponen al Proyecto de gasoducto Costal GasLink este lunes 24 de febrero 2020. (Foto: THE CANADIAN PRESS/Justin Tang)
«Los daños planteados son un riesgo de violación y de violencia doméstica y racial», dijo DJ Larkin, abogada de la Oficina de los Wet’suewt’en, al tribunal.
La abogada hizo referencia a una parte del informe de la investigación sobre niñas y mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas en el que se señala que hay pruebas que vinculan directamente la llegada de trabajadores temporales y la instalación de campamentos de trabajo para proyectos de extracción de recursos naturales con la escalada de la violencia de género contra las mujeres y las niñas indígenas.
La abogada Larkin sostuvo que el plan de gestión de los efectos sociales y económicos de la empresa para llevar a cabo el proyecto no es ni puede ser capaz de mitigar esa violencia de género, aspecto que no fue abordado en la evaluación original del proyecto.

Manifestación exigiendo poner fin a la violencia contra las mujeres indígenas en Canadá. (Foto: Canadian Press / Graham Hughes)
Aunque Larkin reconoció que las recomendaciones del informe de la investigación sobre las mujeres y niñas indígenas desaparecidas y asesinadas no son jurídicamente vinculantes, ella sostuvo que la confianza pública en el sistema de administración de la justicia requiere que la Oficina de Evaluación Medioambiental cumpla su función estatutaria de evaluar y mitigar de manera significativa y razonable todo posible daño basado en el género, asociado al proyecto de oleoducto.
La Oficina de Evaluación Medioambiental de Columbia Británica tiene la facultad de imponer nuevas condiciones cuando extiende un certificado de proyecto. La Oficina de los Wet’suwet’en está buscando una orden que mande esa decisión de regreso para que sea estudiada con más detalle.
La respuesta a la petición presentada a nombre de la Oficina de Evaluación Medioambiental afirma que no hay ningún mérito para una revisión judicial.
El argumento es que la petición ya incorpora un informe de la oficina de evaluación que recomendó la prórroga del certificado con la decisión del director ejecutivo, diciendo que el informe es un componente importante del expediente de la decisión pero no es correcto describirlo como un razonamiento.

Jefe Na’moks, portavoz de los jefes hereditarios Wet’suwet’en.
(Foto: THE CANADIAN PRESS/Amy Smart)
Los jefes hereditarios de los indígenas Wet’suwet’en se oponen al proyecto de de construcción del oleoducto Coastal GasLink, mientras que cinco miembros del consejo de la banda Wet’suwet’en firmaron acuerdos con la empresa aprobando su construcción.
La audiencia se reanudaba este viernes, para escuchar los argumentos de los abogados de la compañía del gasoducto y de la Oficina de Evaluación Medioambiental de Columbia Británica.
Fuente: CBC / Canadian Press / RCI
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