¿Qué programas son más eficaces para proteger a los trabajadores informales de América Latina contra los impactos de la pandemia de COVID-19? ¿Qué paquetes de estímulo ayudarán a los países a reconstruir economías que sean más inclusivas y ecológicas? ¿Qué intervenciones garantizarán la seguridad de las comunidades cercanas durante y después de la pandemia?
Son algunas de las preguntas que los proyectos que recibirán financiamiento canadiense podrán responder. El CRDI dijo que este apoyo rápido de tres años y de 25 millones de dólares se centrará en las poblaciones y regiones más afectadas, entre ellas América Latina, al tiempo que «buscará promover la igualdad de género y abordar las formas en que la pandemia de COVID-19 ha profundizado las vulnerabilidades ya existentes».
(AP Photo/Wilfredo Lee)
Los proyectos
Impactos de COVID-19 en la Agricultura Familiar y la Seguridad Alimentaria en América Latina: Respuestas de las políticas públicas
Este proyecto, ejecutado en Chile, Colombia, el Ecuador, Guatemala y México, reunirá pruebas y promoverá cambios en los sistemas agroalimentarios tras la pandemia. Contribuirá a mitigar los efectos en la seguridad alimentaria y las pautas de consumo de los más vulnerables, especialmente las mujeres.
Los investigadores del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp) afirman que este proyecto promoverá la agricultura en pequeña y mediana escala, además de sistemas agroalimentarios más sostenibles, sensibles a las cuestiones de género, inclusivos y resistentes que sean más resistentes a perturbaciones como la pandemia COVID-19.
(AP Photo/Moises Castillo)
Efectos socioeconómicos de COVID-19 con una perspectiva de género en América Latina
Este proyecto Grupo de Análisis para el Desarrollo basado en Perú, apoyará la generación de pruebas, la asistencia técnica y un proyecto piloto de iniciativas sobre sistemas alimentarios, desafíos del mercado laboral y protección social que se centren en el género y la diversidad.
La iniciativa también tratará de proponer respuestas normativas oportunas y eficaces en función de los costos para fomentar la seguridad alimentaria y los mercados alimentarios tradicionales más eficientes e inclusivos; apoyará la elaboración y aplicación de programas innovadores de protección social para llegar a los trabajadores del sector no estructurado; e informará las políticas de empleo temporal para América Latina a fin de reducir los efectos socioeconómicos de la pandemia y promover una recuperación más equitativa y sostenible.
El proyecto también tendrá un alcance mundial y promoverá la visibilidad y el liderazgo de los investigadores del Sur, con la participación de al menos 15 académicos de la región en diálogos de política mundial sobre las respuestas a COVID-19.
El proyecto se ejecutará en el Perú, el Ecuador y otros dos países de América Latina que se seleccionarán sobre la base de los efectos de la pandemia, las posibilidades de influir en las políticas y la capacidad de investigación.
(Foto: AP Photo/Salvador Melendez)
Simulaciones y experiencias sobre el terreno de respuestas políticas para promover la adaptación y la recuperación de la crisis de COVID-19
Este proyecto tiene por objeto evaluar los efectos de la pandemia del COVID-19 en las economías nacionales y medir la eficacia de las respuestas normativas actuales y potenciales en 11 países en desarrollo de todo el mundo. A través de simulaciones, se analizará factores como la producción sectorial/total, el empleo, el comercio, etc. de las economías nacionales, y en particular la pobreza y la desigualdad de los hogares.
Para Argentina y Ecuador, se simularán los efectos de las respuestas de política socioeconómica durante las fases de reclusión obligatoria, reapertura y recuperación y se elaborará un modelo de simulación de políticas que los investigadores locales y los funcionarios gubernamentales podrán utilizar para hacer frente a otros problemas de política durante el proyecto en curso y después de él, y para ayudar a los gobiernos a diseñar respuestas de política eficaces.
Este proyecto de la institución Partnership For Economic Policy, Inc. también proporcionará lecciones generales para orientar la política en otros países en desarrollo.
Familiares de migrantes deportados de Estados Unidos portan mascarillas faciales como precaución contra la propagación del nuevo coronavirus, esperan para recibir ayuda en San José Calderas, Guatemala, el miércoles 9 de septiembre de 2020. La agencia gubernamental de apoyo a los migrantes, Conamigua, entregó bolsas de alimentos y artículos para el hogar a la comunidad de personas que han sido deportadas de los Estados Unidos y afectadas por COVID-19. (AP Photo/Moises Castillo)
Abordar las vulnerabilidades relacionadas con COVID-19 para los migrantes que regresan en el triángulo septentrional de América Central
El Triángulo septentrional de América Central (Guatemala, Honduras y El Salvador) es bien conocido por sus altas tasas de violencia y pobreza, que se correlacionan con altas tasas de migración en condiciones vulnerables. Los cambios recientes en la política de migración, en particular en los Estados Unidos, habían contribuido a un retorno masivo de los centroamericanos. La crisis de COVID-19 ha agravado aún más la invisibilidad y la vulnerabilidad de esos repatriados (especialmente los jóvenes y las mujeres) y ha expuesto sus desastrosas condiciones económicas y de seguridad en medio de la pandemia.
Este proyecto tiene de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales basada en Guatemala tiene por objeto promover respuestas de política eficaces mediante la identificación y el tratamiento de los problemas y las experiencias de reintegración laboral y de violencia de género a que hacen frente los repatriados del Triángulo septentrional, centrándose en las mujeres y los jóvenes repatriados.
También examinará las diferentes vulnerabilidades que COVID-19 provoca en estos contextos. En seis comunidades del Triángulo septentrional se realizará un diagnóstico de las vulnerabilidades económicas y de seguridad de los repatriados, mediante encuestas y entrevistas con migrantes, organizaciones locales y funcionarios gubernamentales.
Permitirá evaluar las respuestas más eficaces a corto y mediano plazo que se requieren para satisfacer las necesidades económicas y de seguridad de esos repatriados. Las actividades de promoción para fomentar la adopción de esas medidas incluirán foros de debate y campañas de información.
Víctor Castillo posa para una foto junto a los artículos que recogió para vender como material reciclado fuera de la prisión «Sarita Colonia», donde tres de sus parientes están cumpliendo condenas en Lima, Perú, el lunes 17 de agosto de 2020, en medio de la pandemia COVID-19.(AP Photo/Rodrigo Abd)
Compromiso social, agencia ciudadana y gobernabilidad: hacia un nuevo consenso democrático en la América Latina post-pandémica
Este proyecto gerenciado por la asociación civil Asuntos del Sur en Argentina, busca entender cómo los gobiernos y grupos de ciudadanos han organizado las respuestas a la crisis de COVID-19, y las dinámicas sociales, políticas e institucionales que dieron forma a las respuestas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala y México. Evaluará cómo la pandemia y las respuestas a la crisis han afectado al contrato social entre los ciudadanos y el Estado, así como a la cohesión social entre los ciudadanos.
El proyecto hace especial hincapié en la forma en que la pandemia ha afectado a la capacidad de las mujeres y las poblaciones vulnerables para elaborar estrategias en el contexto de las ya elevadas tasas de pobreza de las mujeres, los indígenas y los afrodescendientes. Los grupos más vulnerables a los efectos económicos y sanitarios de COVID-19 son también los que tienen más probabilidades de quedar marginados políticamente durante la crisis.
La pandemia y más allá
A través de estas iniciativas, el CRDI cree poder «ofrecer oportunidades para crear capacidades donde sea necesario», promover el aprendizaje entre los socios de investigación y brindar apoyo para la traducción y para compartir conocimientos.
Según este organismo federal canadiense, la respuesta mundial a la pandemia de COVID-19 debe garantizar la igualdad de género, los derechos y la inclusión, así como la sostenibilidad y la resiliencia ambiental.
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