Una entidad de defensa de los derechos civiles anunció que podría presentar una demanda contra el gobierno de la provincia de Nuevo Brunswick, en reclamo de un mayor acceso a la práctica del aborto.
La Asociación Canadiense por las Libertades Civiles se expresó en favor de los reclamos por una justicia reproductiva en la provincia.
El grupo sostuvo que el aborto es una forma esencial y fundamental de los servicios de salud, que debe estar disponible y accesible para todas las mujeres, jóvenes y personas transgénero.
La Asociación afirmó, también, que el aborto debe ser financiado por el Estado, en oposición a algunas posturas que no rechazan tal servicio, en la medida en que la persona interesada abone el costo del mismo.
Reclamo y advertencia
Los responsables de la organización remitieron una carta al gobierno provincial, dirigida al primer ministro Blaine Higgs y a la ministra de Salud Dorothy Shephard, en la que reclamaron un cambio en la legislación vigente, que si bien admite la práctica del aborto, en opinión de la Asociación restringe el acceso al mismo.
Los reclamos están fundamentados en el hecho de que la provincia no paga los costos de la intervención médica para poner fin a un embarazo, si el mismo se lleva a cabo fuera de los hospitales designados a tal efecto, dejando a cargo del paciente la erogación necesaria si la intervención tiene lugar en otro centro de salud, situación que la entidad califica como discriminatoria.
Nuevo Brunswick cuenta con sólo tres hospitales en todo su territorio habilitados para llevar a cabo un aborto, dos en la ciudad de Moncton y otro en Bathurst.
La ACLC sostiene que tal situación deja a un gran número de mujeres sin un acceso adecuado a los servicios médicos específicos, privandoles de un derecho fundamental.
Reglamento antiderechos
En un comunicado publicado en su página web, el grupo defensor de los derechos civiles sostuvo que “las mujeres, las niñas y las personas LGBTQ+ siguen enfrentando una flagrante discriminación a través de la Regulación 84-20 de la Ley de Pago de Servicios Médicos”, que restringe la financiación sólo a los hospitales designados, haciendo que el servicio no esté disponible en la mayoría de las áreas de Nuevo Brunswick.
En tal sentido, los firmantes sostienen que el rol del gobierno es proteger la salud de sus ciudadanos y no de “erigir barreras”, interfiriendo con los derechos de las personas.
Lo privado y lo público
La interrupción médica del embarazo está disponible para todos los residentes de la provincia que tengan una tarjeta médica válida de Nuevo Brunswick y a los que se les haya recetado un medicamento elegible en el marco del Programa de Aborto Médico.
En esos términos se expresa la reglamentación del ministerio de Salud provincial que, en principio, reconoce el derecho de toda mujer a abortar.
El problema surge cuando el gobierno aduce que numerosas personas piden llevar a cabo la intervención fuera de los centros designados por el gobierno local, reclamando que el erario público asuma los costos de la práctica incluso en clínicas privadas.
El primer ministro Blaine Higgs se ha pronunciado en contra de tal posibilidad, sosteniendo que no es aceptable que el Estado de la provincia sea utilizado para financiar al sector privado.
Pero la Asociación sostiene que tal argumento es falso.
“Nuevo Brunswick puede financiar y financia, de manera efectiva, las prestaciones de salud brindadas en todos los consultorios médicos y clínicas de la provincia”, dice la entidad.
El reclamo finaliza diciendo que nada justifica negar a las mujeres, jóvenes y personas transexuales el derecho de elegir la posibilidad de acceder al aborto, considerado como un servicio de salud de base.
La Asociación reclamó que las autoridades provinciales dejen sin efecto el reglamento 84-20 sobre los servicios de salud, o en caso contrario recurrirá a la justicia, al entender que tal disposición es violatoria de derechos esenciales de la persona.
Contexto nacional
En Canadá, el acceso a los servicios de salud está garantizado por ley. El aborto se considera un servicio seguro, legal, asegurado y financiado, lo que significa que una mujer no debería tener que pagar por tal servicio en el territorio nacional.
Las disposiciones varían de una provincia a otra, siendo Ontario y Alberta las que permiten una etapa más avanzada para su práctica, con 24 semanas de gestación, 23 en el caso de Quebec, mientras que Nunavut, Yukon y la Isla del Príncipe Eduardo lo autorizan sólo hasta la semana 13.
Según la Coalición por el Derecho al Aborto en Canadá, en 2018 se practicaron en el pais 85.195 interrupciones anticipadas del embarazo.
Ontario fue la provincia donde la intervención se concretó en mayor número, con 29.513 abortos, seguida por Quebec con 22.093, Alberta 12.848, Columbia Británica 12.206, Manitoba 2.909, Saskatchewan 2.009, Nueva Escocia 1.450, Terranova y Labrador 1.107, Nuevo Brunswick 507, Territorios del Noroeste 252, Isla del Príncipe Eduardo 205, Nunavut 100 y Yukon 86.
Fuentes: Asociación Canadiense de Libertades Civiels / Federación Nacional del Aborto / Coalición por el Derecho al Aborto en Canadá / Ministerio de Salud de Nuevo Brunswick / The Canadian Press.
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