Las Primeras Naciones de Temagami, Fort Albany y Eagle Lake han iniciado procedimientos judiciales para impugnar los cambios «radicales» del gobierno de Ontario a la Ley de evaluación ambiental (LEA) y a la Evaluación ambiental sobre la ordenación forestal de la provincia.
Las tres naciones indígenas de la provincia con la mayor economía de Canadá sostienen que sus tierras ancestrales están en peligro por «estas decisiones unilaterales» del gobierno de Ontario y deben ser consideradas como inconstitucionales.
Hemos experimentado de primera mano la abrumadora destrucción que los caminos han causado a nuestra tierra y a nuestra gente, nuestros valores y nuestra forma de vida. Queremos que se nos consulte y se nos dé cabida de manera significativa para asegurar nuestro consentimiento libre, previo e informado.
Queremos asegurar la protección de los sitios ambientales, sagrados y sensibles, como los antiguos bosques que quedan en la región de Temagami. Esta es nuestra responsabilidad, como Anishnabek.Shelly Moore-Frappier, jefa de la Primera Nación Temagami.
En la imagen se ven las tres naciones implicadas en este desafío legal contra la provincia más grande de Canadá. El territorio ocupa une superficie muy extensa. La distancia media entre cada una de las comunidades es de 1100 kilómetros. (Imagen : Goolge Maps / RCI)
En julio, Ontario aprobó el proyecto de ley 197 a través de una legislación marco llamada Ley de Recuperación Económica por el COVID-19, 2020.
Se introdujo el 8 de julio y se aprobó el 21 de julio, menos de dos semanas después. Las tres comunidades indìgenas involucradas dicen que no fueron consultadas.
Además, dicen, la aprobación del proyecto de ley 197 fue seguida de cerca por la revocación del primer ministro de Ontario, Doug Ford, de todas las evaluaciones ambientales para la silvicultura en un reglamento del 1 de julio.
Ontario explica los cambios como «una necesidad de modernizar los requisitos de evaluación ambiental» en virtud de la ley.
Los demandantes no están de acuerdo. Para ellos, los cambios en la Ley de evaluation ambiental significan que ningún proyecto público requerirá ahora una evaluación ambiental a menos que el ministro decida solicitarla.
Esto crea un régimen discrecional sujeto al capricho de los políticos en el poder, dicen.
La industria forestal representó 25.800 millones de dólares (1,2%) del producto interno bruto (PIB) nominal del Canadá en 2018. (Foto: THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward)
La revocación de cualquier evaluación ambiental para la silvicultura anula las condiciones que han estado en vigor durante tres décadas, según las nacioness indígenas.
Según ellos, antes de este cambio legal, las condiciones en las que se había establecido la silvicultura en la vasta región se habían establecido después de un proceso de audiencia pública de cuatro años. Durante este período, se escuchó a muchos sectores de la sociedad de Ontario y de las Primeras Naciones sobre la importancia de los bosques y las consecuencias de la silvicultura y de otras operaciones, sin necesidad de un examen o supervisión adicionales.
Estas audiencias se celebraron en respuesta a años de protestas en los bosques de Ontario, que se denominaron «guerras de los bosques».
Es un desafío a nuestros derechos constitucionales en virtud del artículo 35, el requisito de que la Corona actúe honorablemente con nosotros y trabaje por la reconciliación.Arnold Gardner, jefe de la Primera Nación de Eagle Lake.
El Jefe Robert Nakogee de la Primera Nación de Fort Albany destacó que, en su opinión, los cambios propuestos por Ontario no son un paso hacia la reconciliación entre el gobierno de la Corona «que perpetró el colonialismo» y los gobiernos de las Primeras Naciones que han «vivido y protegido estos entornos y tierras desde tiempos inmemoriales».
La demanda contra el gobierno provincial fue presentada el jueves en el Tribunal Divisional de Ontario. La audiencia ante el juez tendrá lugar en Toronto, probablemente en primavera.
Un caso similar opone a las Primeras Naciones Cree de Chapleau, Missanabie y Brunswick House en Ontario a la empresa maderera Gordon Cosens.
Los aborígenes dicen que su desafío implica «la negativa del Ministerio de Medio Ambiente, Conservación y Parques de Ontario a ordenar una evaluación ambiental o imponer condiciones al plan de manejo forestal de Gordon Cosens», según un comunicado de prensa conjunto publicado el martes.
Las tres Primeras Naciones también dijeron que la provincia no les consultó debidamente al elaborar su plan de gestión.
Con información del Gobierno de Ontario, del Gobierno de Canadá, sitio web de la Primera Nación Cree de Chapleau.
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