En las últimas elecciones en la provincia de Quebec en 2018, fueron los votantes francófonos, en su mayoría blancos, de las afueras de Montreal los que dieron al partido Coalición Avenir Québec, encabezado por el empresario François Legault, una victoria aplastante. Los liberales fueron reducidos a representar a una población principalmente urbana con grandes concentraciones de inmigrantes y anglófonos.
Es necesario tener en cuenta este elemento demográfico para explicar las reacciones de la población, a favor y en contra, de una ley establecida por el actual gobierno de la provincia, la Ley 21, cuyo texto explicativo sostiene que es una ley que busca “prohibir a ciertas personas que lleven símbolos religiosos mientras ejercen sus funciones”, con el propósito de mantener la laicidad del Estado.
Otra nota explicativa de esta ley dice que “tiene efecto a pesar de ciertas disposiciones de la Carta de los derechos humanos y las libertades y la Ley de la Constitución de Canadá de 1982”.
El diputado de una circunscripción rural, Simon Jolin-Barrette (izq.), es felicitado por el primer ministro François Legault después de la adopción del proyecto de Ley 21 sobre la laicidad en la provincia de Quebec, el domingo 16 de junio 2019. (Foto: THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot)
El cuestionamiento a la constitucionalidad de la Ley 21 comenzó ayer lunes en el Palacio de Justicia de Montreal con dolorosos testimonios de maestras y maestros de escuela musulmanes y sijs que declararon que esa ley derrumbó sus carreras y los convirtió en blanco de la intolerancia.
La ley quebequense sobre la laicidad del Estado, que fue aprobada el año pasado a pesar de las protestas de organizaciones de derechos civiles y las minorías religiosas, enfrenta actualmente cuatro demandas legales que sostienen que esa legislación viola la Constitución de varias maneras.
Las voces que piden la anulación de esta ley sobre la laicidad del Estado argumentaron este lunes ante una Corte de Justicia de Quebec que dicha ley prohíbe injustamente a las mujeres musulmanas de trabajar en el sector público, en sectores como la educación y el derecho.
Todas las demandas impugnan las disposiciones de la ley que prohíben a los maestros del sector público, así como a los abogados del gobierno y otros funcionarios provinciales, llevar símbolos religiosos en el trabajo.
Manifestantes sostienen carteles durante una manifestación contra el proyecto de ley 21 en Montreal, el domingo 6 de octubre de 2019. La controvertida ley de secularismo de Quebec prohíbe a algunos empleados del sector público llevar símbolos religiosos en el lugar de trabajo. (Foto:THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes)
Durante la primera jornada de la impugnación, los demandantes llamaron a testigos para demostrar que la ley ha afectado negativamente la vida personal y profesional de las minorías religiosas de la provincia.
Entre las personas que prestaron testimonio se encontraba la argelina Messaouda Dridj, que llegó a Canadá en 2004. Al no poder encontrar trabajo como ingeniera eléctrica, se convirtió en maestra de escuela primaria en Montreal. Ella lleva un hijab, pero debido a los términos de la Ley 21, ya no puede ser ascendida en el trabajo, tampoco puede cambiar de puesto o enseñar en otra escuela, a menos que se quite el hijab. Para ella, hacer eso significaría perder parte de su identidad.
Dridj rompió en llanto al expresar su frustración por ser excluida de oportunidades en su carrera, a diferencia de sus colegas que no usan símbolos religiosos.
Otra mujer musulmana que presentó un recurso contra el proyecto de ley 21 horas después de su aprobación, Ichrak Nourel Hak, , dijo que esa ley acabó con su sueño de enseñar en una escuela pública, obligándola a buscar trabajo en el sistema privado.
«Me siento excluida de la sociedad de Quebec», dijo Hak, que también lleva el hijab. «Soy una mujer musulmana, pero también soy una ciudadana de Quebec.»
La Asamblea Nacional de Quebec aprobó el proyecto de ley 21 en 2019 como parte del esfuerzo del Primer Ministro François Legault para proteger la neutralidad religiosa en el aparato estatal de la provincia. (Paul Chiasson/La prensa canadiense)
Otra mujer, esta vez de la religión sij, Amrit Kaur, que lleva un turbante (dastar), dijo al tribunal que se vio obligada a aceptar un trabajo de profesora en Columbia Británica después de terminar sus estudios en 2019.
«Mi fe no juega ningún papel en el aula. Lo que se espera de mí es que enseñe lo que está en el plan de estudios», dijo Kaur.
Como ex portavoz de la Organización Sikh Mundial, Kaur se opuso públicamente al proyecto de ley 21, lo que la convirtió en blanco de abusos en los medios sociales. «Quebec es un lugar inhóspito», dijo ella.
El demostrar los daños que ha causado la Ley 21 es sólo una parte del caso contra el gobierno de Quebec. La tarea más difícil para los demandantes será convencer al juez de la Corte Superior de Quebec, Marc André Blanchard, de que estos daños son relevantes, desde un punto de vista legal.
Para curarse en salud, el gobierno de Quebec ha invocado la cláusula de no obstante, que hace parte de Carta de Derechos y Libertades de Canadá, en su sección 33.
Esta cláusula permite a los gobiernos federales, provinciales o territoriales anular temporalmente, o pasar por alto, ciertos derechos reconocidos por la Carta. Estas anulaciones están sujetas a renovación después de cinco años. Aunque la cláusula está a disposición de los gobiernos, su uso es políticamente difícil y, por lo tanto, poco frecuente. Se conoce coloquialmente como la «opción nuclear», porque su uso se considera extremadamente severo.
El rechazo a la presencia de la religión en las instituciones públicas en Quebec tiene sus orígenes en la llamada Revolución Tranquila de los años 60, que modernizó la provincia y retiró a la iglesia del manejo de instituciones como la educación y la salud. (Foto: Paul Chiasson / La prensa canadiense)
En este caso, Quebec ha optado por impedir a los demandantes que se oponen a la Ley 21 apelar a las secciones de la Carta de Derechos y Libertades del Canadá que protegen la libertad de religión y prohíben la discriminación por motivos de género o raza.
Esta decisión del gobierno de François Legault ha obligado a los demandantes a construir su caso en base a una jurisprudencia menos utilizada. Entre sus argumentos figura la afirmación de que la ley viola la Ley de Quebec de 1774, transgrede los «principios no escritos» de la Constitución y es el equivalente de la legislación penal.
Los abogados del gobierno hicieron pocas preguntas a los testigos y no hablaron con la prensa. Pero en los documentos ya presentados al tribunal, Quebec argumentará probablemente que la legislatura de la provincia debería ser capaz de organizar las relaciones entre el Estado y la religión como considere oportuno, sin interferencias de los tribunales.
También alegará que el proyecto de ley 21 constituye una respuesta moderada al prolongado malestar en Quebec sobre el lugar de la religión en la esfera pública.
Tomando en cuenta la importancia de los temas en la balanza de la justicia, muchos observadores jurídicos estiman que este caso acabará en la Corte Suprema de Canadá.
Fuentes: CBC / J. Montpetit / Canadian Press / RCI
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