El gobierno del primer ministro Justin Trudeau anunció este martes un conjunto de nuevas regulaciones para asegurarse que las empresas canadienses no sean cómplices de abusos de derechos humanos o del uso de trabajo forzado en la provincia china de Xinjiang.
Las medidas incluyen nuevos requisitos para las empresas que hacen negocios en la región y la promesa de prohibir la exportación de productos fabricados en Canadá a China si existe la posibilidad de que las autoridades chinas puedan utilizarlos para la vigilancia, la represión, la detención arbitraria o el trabajo forzoso.
«Canadá está profundamente preocupado por la detención arbitraria masiva y el maltrato de los uigures y otras minorías étnicas por parte de las autoridades chinas», dijo el ministro de Relaciones Exteriores François-Philippe Champagne en un comunicado de prensa poco antes de dejar esa cartera para ocupar las funciones de nuevo ministro de Innovación, Ciencia e Industria.
«Nadie debería ser maltratado por su religión o su etnia», añadió Champagne.
Un agricultor recoge algodón en Hami, región autónoma de Xinjiang Uygur (China), el 1º de noviembre de 2012. Una coalición de organizaciones de la sociedad civil y un centro de estudios con sede en Washington han acusado a China de obligar a cientos de miles de uigures étnicos y otras minorías a trabajos forzados cosechando algodón a mano. (Foto: Reuters/China Daily)
Estas son las medidas más fuertes tomadas hasta ahora por el gobierno de Canadá en medio de las crecientes críticas internacionales al gobierno chino por sus políticas en Xinjiang. Sin embargo, las acciones de Ottawa pero no llegan a imponer las “sanciones Magnitsky” contra los funcionarios chinos, una medida que fue solicitada por un comité parlamentario que encontró que las acciones de China se ajustan a la definición de genocidio.
Las “sanciones Magnitsky” son normas que establecen sanciones gubernamentales contra extranjeros que hayan cometido violaciones a los derechos humanos o que hayan participado en graves casos de corrupción. Estados Unidos aprobó la primera legislación Magnitsky en 2012, tras la muerte de Sergei Magnitsky en Rusia en 2009. Países como Canadá y el Reino Unido aprobaron leyes similares desde entonces.
Según expertos de la ONU, más de un millón de uigures, kazakos y otras personas han sido arbitrariamente recluidos en centros parecidos a prisiones para su adoctrinamiento político. China llama a estos lugares como centros de educación y formación profesional.
Esta foto tomada el 2 de junio de 2019 muestra la bandera china y los edificios del Centro de Servicios de Capacitación en Educación Vocacional de la Ciudad de Artux, que se cree que es un campo de reeducación en el que están detenidas la mayoría de las minorías étnicas musulmanas, al norte de Kashgar, en la región noroccidental de Xinjiang de China. China describe las instalaciones como «centros de formación profesional» destinados a alejar a la gente del extremismo. (Foto: GREG BAKER / Getty Images)
Beijing afirma que estas instituciones están destinadas a combatir el extremismo y a enseñar habilidades laborales, pero ex internados en esos centros y grupos de defensa de los derechos humanos dicen que el objetivo de estos lugares es la desaparición del Islam y las lenguas y culturas minoritarias.
Una coalición de organizaciones de la sociedad civil también ha acusado a China de obligar a cientos de miles de uigures y otras minorías a trabajar en la cosecha de algodón a mano. La vasta provincia occidental produce el 85% del algodón en China y el 20% de la producción mundial, que luego es vendida como materia prima a marcas de moda de todo el mundo.
El Centro de Política Mundial, un grupo de estudios con sede en Washington, publicó en un informe de diciembre de 2020 que era muy probable que una gran parte del algodón producido en la provincia china de Xinjiang sea resultado del trabajo forzado.
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Canadá ya prohíbe la importación de bienes producidos mediante el trabajo forzado como parte de sus obligaciones firmadas en el Acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y México (CUSMA), dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá en un comunicado de prensa.
Las nuevas regulaciones también hacen obligatorio que las empresas canadienses en los mercados de Xinjiang firmen una declaración reconociendo que son conscientes de la situación de los derechos humanos en esa provincia y que se comprometen a actuar con la diligencia debida con los proveedores chinos para asegurarse de que no están obteniendo a sabiendas productos o servicios de empresas que recurren a los trabajos forzados.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá también emitió un aviso dirigido a las empresas canadienses en el que se les advierte sobre los riesgos jurídicos y las consecuencias para su reputación en caso de mantener cadenas de suministro asociadas con el uso de trabajos forzados.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian, durante una conferencia de prensa en Beijing, China, el 10 de septiembre de 2020. (Foto: REUTERS/Carlos García Rawlins)
Estas nuevas medidas fueron anunciadas en concierto con medidas similares adoptadas por el Reino Unido, aunque Londres se comprometió imponer sanciones financieras a las empresas que no cumplan con estas exigencias, algo que no parece formar parte del enfoque de Canadá.
El año pasado, el Subcomité de la Cámara de los Comunes sobre derechos humanos internacionales publicó un informe en el que afirmaba que la persecución de la minoría musulmana por parte de las autoridades chinas es una clara violación de los derechos humanos y que tiene por objeto «erradicar la cultura y la religión uigur».
El Ministerio de Relaciones Exteriores chino respondió acusando al comité de difundir mentiras y desinformación.
Canadá exportó mercancías por valor de 23.000 millones de dólares a China e importó bienes por un valor de 75.000 millones de dólares en 2019.
China dijo este miércoles que tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar su soberanía y los intereses de desarrollo, después de que Canadá y Gran Bretaña decidieron tomar medidas drásticas contra las importaciones de mano de obra forzada china en la región de Xinjiang.
Canadá y Gran Bretaña deben retirar inmediatamente sus decisiones equivocadas, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Zhao Lijian en una reunión informativa regular.
Fuentes: Reuters / CBC / R. Jones / Canadian Press / RCI
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