El 8 de marzo salió a la luz pública que una empresa con sede en Montreal fue contratada por el régimen militar en Myanmar para, «ayudar a diseñar y ejecutar políticas para el desarrollo beneficioso de la República de la Unión de Myanmar, y también a explicar la situación real del país». Esto es lo que revela el acuerdo presentado el lunes ante las autoridades del Departamento de Justicia estadounidense como parte del cumplimiento de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos.
A cambio de dos millones de dólares, Ari Ben-Menashe y su compañía, Dickens & Madson Canada, representarán al gobierno militar de Myanmar en Washington, y ejercerán presión sobre Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Rusia, así como sobre organismos internacionales como las Naciones Unidas, según un acuerdo de asesoramiento.
Tomando en cuenta el clima de sanciones contra los militares que tomaron el poder en Myanmar, Ben-Menashe dijo que había recibido asesoramiento legal que indicaban que necesitaría licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, así como de parte del gobierno canadiense para aceptar el pago, pero que no estaría infringiendo la ley al hacer cabildeo para la junta militar.
Más de 60 manifestantes han muerto y otras 1.900 personas fueron detenidas desde el 1 de febrero en Myanmar, en medio de un clima de protestas y manifestaciones contra un régimen militar que se encuentra silenciando a los medios de prensa y las voces disidentes.
Con el pretexto de un fraude electoral en las elecciones generales de noviembre de 2020, los militares en Myanmar ejecutaron un golpe de Estado de 2021 el pasado 1 de febrero de 2021.
Los miembros del partido gobernante de Myanmar, la Liga Nacional para la Democracia, elegidos democráticamente, fueron depuestos por el Tatmadaw, que es el ejército de Myanmar. El presidente Win Myint y la consejera de Estado Aung San Suu Kyi fueron detenidos.
Aung San Suu Kyi, actualmente detenida por los militares, había recibido la ciudadanía canadiense honoraria por su papel en el proceso democrático iniciado en Myanmar. (CBC)
Los militares también proclamaron el estado de emergencia por un año de duración y colocaron en el poder al comandante Min Aung Hlaing.
El 18 de febrero, Canadá anunció la imposición de sanciones contra nueve militares de Myanmar, señalando que ese golpe de Estado se había traducido en una ruptura democrática marcada por detenciones masivas, el uso de la fuerza y restricciones a las libertades democráticas, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.
En un comunicado, el ministro canadiense de Relaciones Exteriores, Marc Garneau, afirmó que Canadá trabaja junto a sus socios internacionales que piden la restauración del gobierno democráticamente elegido, y hace un llamado a los militares de Myanmar para que liberen a quienes han sido injustamente detenidos en el golpe de Estado.
Este jueves en Nueva York, Thomas H. Andrews, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que “Myanmar está controlada por un régimen ilegal y asesino. Sus actuales dirigentes perpetraron crímenes atroces que son objeto de la acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia”.
Andrews subrayó que, tras el golpe de estado del 1 de febrero, “cada vez hay más informes que indican que las fuerzas de seguridad de la Junta están cometiendo actos de asesinato, encarcelamiento, persecución y otros crímenes como parte de una campaña coordinada, dirigida contra la población civil, de forma generalizada y sistemática, con el conocimiento de los dirigentes de la Junta”.
Birmanos residentes en Tailandia sostienen fotos del comandante en jefe del ejército de Myanmar, el general en jefe Min Aung Hlaing, durante una protesta frente a la embajada de Myanmar en Bangkok el lunes. (Foto: CBC / Sakchai Lalit/The Associated Press)
Para el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, esta situación podría contener los elementos suficientes como para argumentar legalmente que se trata de crímenes contra la humanidad.
En junio de 2019, el periódico canadiense The Globe and Mail reveló que la compañía de Ari Ben-Menashe, Dickens & Madson Canada, firmó un acuerdo de 6 millones de dólares para buscar, además de fondos, el reconocimiento diplomático de un militar sudanés cuyas fuerzas han sido acusadas de masacrar a los manifestantes en Jartum, según muestran documentos estadounidenses.
Dickens & Madson (Canada) Inc. está dirigida por Ari Ben-Menashe, un ex oficial de inteligencia israelí cuya firma ha servido previamente como una oficina de cabildeo para el derrocado dictador de Zimbabue Robert Mugabe y el comandante de la milicia libia. Khalifa Haftar.
Fuentes: Reuters / UNHRC / The Globe and Mail / CBC / Canadian Press / RCI
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