Ante la Asamblea Especial de jefes indígenas de Canadá (AFN) en Ottawa, el martes 3 de diciembre de 2019, el líder mayor de Grassy Narrows, Bill Fobister Sr. pide al gobierno federal que tome medidas para remediar la contaminación ambiental en su comunidad. (Foto: THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld)

Diputados aprueban ley para remediar situaciones de «racismo medioambiental»

Según la organización canadiense de derecho medioambiental Ecojustice Canada, el racismo medioambiental es una forma de racismo sistémico. No se trata de una expresión de racismo individual. Es más bien el resultado de políticas y prácticas institucionales, más que de creencias y acciones individuales.


“El racismo sistémico está arraigado en las leyes, políticas e instituciones que rigen nuestras vidas, y lo ha estado desde que los colonos europeos colonizaron por primera vez esta tierra”.

Ecojustice Canada


En Canadá, los casos documentados de contaminación medioambiental que afectan a la Nación Aamjiwnaang en Ontario, la experiencia medioambiental de la comunidad afrocanadiense en Africville, en la ciudad de Halifax, el envenenamiento con mercurio del 90 por ciento de la población de la Primera Nación indígena de Islington y la población en Grassy Narrows muestran, según Ecojustice Canada, que la ubicación de vertederos tóxicos, los proyectos contaminantes, la presencia de oleoductos que son un riesgo, así como la provisión de agua potable contaminada perjudican de forma desproporcionada a las comunidades indígenas, negras y racializadas.

Tomando en cuanta esta situación, los diputados canadienses aprobaron este miércoles que, con el objetivo de encontrar soluciones, Ottawa recopile datos sobre el impacto de la desproporcionada ubicación de industrias contaminantes y vertederos en zonas habitadas por comunidades indígenas y minorías racializadas.

Entre los casos más dramáticos se encuentra el de la comunidad indígena Grassy Narrows en Ontario, donde, desde la década de los años 1960, los residentes continúan sufriendo problemas de salud causados por contaminación por mercurio producida por una antigua fábrica de pasta y papel.

La torre de agua de la reserva indígena Grassy Narrows First Nation en el noroeste de Ontario. Los indígenas que viven en Grassy Narrows denuncian desde hace años los impactos en la salud de la comunidad del norte de Ontario relacionados con el consumo de pescado contaminado con mercurio. (Foto: ©THE CANADIAN PRESS/Colin Perkel)

Casos similares de industrias contaminantes que son específicamente ubicadas por las autoridades en espacios donde viven comunidades de minorías raciales son frecuentes en  Canadá y Estados Unidos.

En el país vecino, el nuevo mandatario Joe Biden firmó en enero una orden ejecutiva en la que se compromete a abordar la cuestión.

En el Parlamento canadiense, el pasado 26 de febrero tuvo lugar la primera lectura de un proyecto de ley C-230, llamada Ley de Estrategia Nacional para la Reparación del Racismo Ambiental fue presentado por la diputada liberal Lenore Zann, de la provincia de Nueva Escocia.


«Durante demasiado tiempo, la gente no se ha dado cuenta de que algunas personas estaban expuestas a más toxinas que otras simplemente por el color de su piel. Ya es hora de que nos ocupemos de ello y cambiemos nuestro comportamiento como sociedad».

Lenore Zann, diputada de la provincia de Nueva Escocia.


Según la promotora de esta nueva ley, la recopilación de datos sobre la ubicación de los peligros ambientales y la magnitud de problemas de salud en esas zonas-permitirá visualizar mejor el problema y permitirá a los legisladores establecer recomendaciones políticas para enfrentar esa situación.

La ley C-230 aprobada en segunda lectura este miércoles por los diputados establece que la estrategia a ser desarrollada por el gobierno canadiense debe incluir medidas para “examinar el vínculo entre raza, situación socioeconómica y riesgo medioambiental. También deberá recoger información y estadísticas relativas a la localización de los riesgos medioambientales así como “información y estadísticas relativas a los resultados negativos para la salud en las comunidades que se han visto afectadas por el racismo medioambiental”. Deberá evaluar la administración y aplicación de las leyes medioambientales en cada provincia; abordar el racismo ambiental, incluso en relación con las posibles modificaciones de las leyes, políticas y programas federales.

La diputada liberal Lenore Zann presentó en la Cámara de los Comunes en Ottawa el proyecto de ley para hacer frente al racismo medioambiental. (Foto: Robert Short/CBC)

Otro aspecto de la estrategia contra el racismo medioambiental es que deberá tomar en cuenta la participación de grupos comunitarios en la elaboración de políticas medioambientales, establecer compensación para individuos o comunidades, el financiamiento continuo para las comunidades afectadas y, fundamentalmente, el acceso de las comunidades afectadas al aire y al agua limpios.

En su informe tras una visita a Canadá en 2019, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y sustancias y residuos peligrosos, Baskut Tuncak, dijo que pudo observar “una tendencia generalizada de inacción de parte del Gobierno canadiense ante las amenazas existentes para la salud derivadas de décadas de injusticias ambientales históricas y actuales y los impactos acumulativos de las exposiciones tóxicas” a los que se ven sometidos los pueblos indígenas canadienses.

Su informe concluyó señalando que «los grupos marginalizados, los pueblos indígenas en particular, se encuentran en el lado equivocado de una línea divisoria tóxica, sujetos a condiciones que no serían aceptables en otras partes de Canadá».

En su cuarto punto, la nueva ley da un plazo de dos años tras la aprobación del proyecto de ley para que el ministro canadiense de Medio Ambiente y Cambio Climático haga público un informe que establezca una estrategia nacional para reducir los daños causados por el racismo medioambiental en Canadá.

Zann intentó presentar un proyecto de ley similar en 2015, cuando era miembro de la legislatura de Nueva Escocia, pero fue rechazado tras la segunda lectura.

Entre las voces que se opusieron a esta ley estaba la diputada  Kristina Michaud, del partido Bloque Quebequense, organización que busca la independencia de la provincia de Quebec. Ella manifestó su desacuerdo con el proyecto de ley porque legisla para «grupos especiales», señalando que debía ser una ley «universal» para que todos los canadienses tengan acceso a un medio ambiente limpio.

También está en desacuerdo con el hecho de que el proyecto de ley designe al ministro federal de Medio Ambiente para desarrollar una estrategia. «El Bloque Quebequense, lamentablemente, no puede aceptar una legislación como esta. El territorio de Quebec pertenece a Quebec, y le corresponde al gobierno de Quebec proteger ese territorio», dijo Michaud.

La comunidad afrocanadiense de Africville, en la ciudad de Halifax, fue destruida en los años 60 cuando las autoridades municipales decidieron establecer un botadero de basura en el área. (Foto: Dalhousie University Archives)

En el debate del proyecto de ley el martes, los partidos de la oposición señalaron que el propio gobierno del Partido Liberal no había actuado debidamente ante las amenazas de contaminación.

Eric Melillo, parlamentario del Partido Conservador, un partido que apoyó firmemente a la industria de los combustibles fósiles durante cerca de una década en el gobierno, dijo que el historial de los liberales en la lucha contra el racismo medioambiental era «pura palabrería».

El conservador afirmó que Ottawa debería dar prioridad a medidas prácticas como la limpieza del agua en las comunidades de las Primeras Naciones y la inversión en infraestructuras para ayudar a los indígenas a hacer frente a los impactos del cambio climático.

Los partidos que se opusieron a esta nueva ley apuntaron con el dedo los retrasos en el cumplimiento de la promesa liberal hecha en 2015 de proveer agua limpia a las comunidades indígenas en un plazo de cinco años y poner fin a los avisos de hervir el agua potable o beber agua embotellada.

El gobierno del primer ministro Justin Trudeau ha levantado más de 100 avisos de hervir el agua potable o beber agua embotellada a largo plazo desde el día de la promesa, pero 58 avisos todavía siguen vigentes en unas 38 comunidades de las Primeras Naciones, según el organismo gubernamental Servicios Indígenas de Canadá.

Ingrid Waldron, socióloga de la Universidad de Dalhousie, en Nueva Escocia, dijo que las decisiones sobre la ubicación de las instalaciones tomadas por los responsables de la política económica y medioambiental, son mayoritariamente personas blancas que rara vez cuentan con la participación de personas negras o indígenas.

«Lo último que van a hacer es colocar estas industrias en una comunidad blanca», dijo.

Aunque la nueva ley exige al gobierno federal que recopile datos sobre el problema y establezca una estrategia para solucionarlo, los analistas dijeron que el problema suele residir en las decisiones sobre permisos industriales que son tomadas bajo la jurisdicción provincial y otras leyes.

Fuentes: Ourcommons.ca / Reuters / Ecojustice Canada/ National Observer / CBC / Canadian Press / RCI

Categorías: Indígenas, Medioambiente y vida animal, Política, Salud
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