Un proyecto de ley largamente esperado en Canadá, que exige que los nuevos jueces deben seguir una formación sobre agresiones sexuales y racismo sistémico antes de ser nombrados, fue finalmente aprobado.
Tras superar una tercera lectura en el Senado, el proyecto de ley C-3 recibió el pasado 6 de mayo la sanción real para su entrada en vigor.
«Este proyecto de ley envía un mensaje muy fuerte a los supervivientes de agresiones sexuales y a todos los canadienses: pueden tener la seguridad de que nuestro sistema judicial les tratará de forma justa y respetuosa… [y] los casos de agresión sexual serán escuchados sin la influencia de mitos y prejuicios».
Esta ley tendrá un impacto significativo en la forma en que el gobierno federal nombra a los jueces y en cómo serán tratados en las cortes los casos de agresión sexual en Canadá.
La nueva ley introduce una serie de cambios en la Ley de Jueces y en el Código Penal de Canadá.
La nueva legislación exige que todos los nuevos jueces nombrados a nivel federal deben aceptar recibir una formación continua sobre legislación en materia de agresiones sexuales y el contexto social circundante, que incluye el racismo sistémico y la discriminación sistémica.
Este requisito se aplica únicamente a los jueces recién nombrados a las cortes superiores provinciales y territoriales, que son los niveles más altos de los tribunales de una provincia o territorio. Estos jueces se ocupan de los casos penales y civiles más graves y tienen la facultad de revisar las decisiones de los tribunales provinciales y territoriales.
La formación consistirá en seminarios impartidos por el Consejo Judicial Canadiense, un organismo independiente que supervisa el poder judicial federal, así como por el Instituto Nacional de Justicia, una organización que ofrece programas educativos para los jueces.
La ley ordena que los seminarios de formación sean elaboren tras consultar a los supervivientes de agresiones sexuales y a organizaciones afines. También exige que el Consejo Judicial Canadiense informe al ministro de Justicia sobre el contenido de los seminarios que imparte cada año y del número de jueces que han asistido a cada uno de ellos.
La nueva ley también modifica el Código Penal. De ahora en adelante los jueces tienen la obligación de poner por escrito los argumentos de sus fallos cuando resuelvan casos de agresión sexual.
Rona Ambrose, ex líder de la oposición oficial en el Parlamento canadiense y ex líder interina del Partido Conservador de Canadá, junto al actual ministro federal de Justicia, David Lametti, durante el anuncio de un proyecto de ley para restaurar la confianza en el sistema de justicia penal para las víctimas de agresiones sexuales. (Fuente : La Presse canadienne / Adrian Wyld)
Los orígenes de la nueva ley
El proyecto de ley C-3 se basó en un proyecto de ley presentado originalmente por la ex ministra del gabinete conservador Rona Ambrose, que también fue líder interina del Partido Conservador después de la renuncia del ex primer ministro Stephen Harper a la jefatura del partido tras su derrota electoral en 2015.
Antes de renunciar a su cargo de diputada en 2017, Ambrose presentó la Ley de Responsabilidad Judicial a través de la Formación en Derecho sobre la Agresión Sexual.
Ambrose dijo que ese proyecto de ley era necesario después de que una serie de casos revelaron que muchos jueces tomaban decisiones en base a estereotipos arcaicos sobre las mujeres que son víctimas de violencia sexual.
En un caso, el ex juez de la Corte Federal Robin Camp fue objeto de críticas por los comentarios que hizo durante un juicio por agresión sexual en 2014 en Calgary.
Las transcripciones del juicio demostraron que Camp, que entonces era juez provincial, llamó acusada en numerosas ocasiones a la denunciante, que no tenía hogar y tenía 19 años en el momento de la presunta agresión. También le dijo a la joven que el dolor y el sexo a veces van juntos y le preguntó: ¿por qué no pudiste mantener las rodillas juntas?.
Camp renunció a su cargo en la Corte Federal en marzo de 2018 después de que el Consejo Judicial Canadiense recomendó que fuera retirado de sus funciones de juez.
El ex juez Robin Camp . (Foto: / Andrew Balfour/Corte Federal de Canadá)
Tras la aprobación del proyecto de ley, Ambrose dijo que ese tipo de episodios hacen que las mujeres se sientan menos inclinadas a denunciar agresiones sexuales ante las autoridades.
«Deberíamos esperar que las personas que nombramos como jueces sean completamente competentes en la ley cuando estén supervisando los juicios. Y también deben mantenerse al día con la formación en torno a normas y valores sociales. Esto incluye la formación sobre prejuicios inconscientes, cómo tratan a las personas en los tribunales [y] el tipo de lenguaje que se utiliza en la sala de juicios».
Rona Ambrose, ex diputada federal.
Ambrose declaró el 7 de mayo al difusor público canadiense CBC que el objetivo de la ley es fomentar la confianza en el sistema judicial para que más víctimas de agresiones sexuales acudan a denunciar lo sucedido.
Esta es una pequeña pieza del rompecabezas, pero que demuestra que podemos reformar nuestras instituciones y ahora mismo es algo en lo que creo que todos estamos pensando, dijo Ambrose.
«Nuestras instituciones son bastante opacas. Pensamos en el ejército, pensamos en la real Policía Montada de Canadá, pensamos en el poder judicial. Necesitamos más transparencia, tenemos que trabajar para lograr reformas. La educación y la formación es una gran manera de hacerlo».
Rona Ambrose, ex diputada federal.
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El largo camino de un proyecto de ley
El proyecto de ley de Ambrose fue aprobado en la Cámara de los Comunes en Ottawa en mayo de 2017 con apoyo bipartidista antes de quedar atascado en el Senado durante dos años.
Ese proyecto feneció en el orden del día al momento de producirse la convocatoria a unas elecciones federales en 2019 , lo que significaba que todo el proceso tenía que empezar de nuevo en el Parlamento.
El proyecto de ley fue frenado inicialmente por algunos senadores independientes y liberales, que argumentaron que interferiría con el principio constitucional de la independencia judicial. Pero las enmiendas del Senado elaboradas por la comisión de asuntos jurídicos parecieron satisfacer esas preocupaciones.
Más tarde, los senadores conservadores utilizaron normas de procedimiento camaral para dejar sin efecto una serie de proyectos de ley presentados por los diputados al final de la sesión parlamentaria en el verano de 2019.
Esas maniobras afectaron el proyecto de Ambrose, además de otro destinado a garantizar que las leyes de Canadá sean armonizadas con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
En una entrevista publicada en el periódico The National Post en junio de 2019, Ambrose acusó a sus antiguos colegas en el Senado de llevar a cabo juegos políticos al retrasar la aprobación del proyecto de ley.
Finalmente, el gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau presentó el proyecto de ley C-3 en octubre de 2019 tras formar un gobierno minoritario después de las elecciones. El proyecto fue aprobado en la Cámara de los Comunes en noviembre y fue aprobado por el Senado sin enmiendas el 6 de mayo.
Fuente: CBC /R. P. Jones / RCI / Adaptación RV
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