La Agencia de Ingresos de Canadá, encargada de administrar las leyes impositivas, se encuentra llevando a cabo extensas auditorías sobre las organizaciones de defensa del medioambiente más importantes del país para determinar si cumplen con las reglas que ponen un límite a las actividades políticas.
Si la entidad estatal dictamina que las organizaciones de la sociedad civil llevaron a cabo tareas políticas en defensa del medioambiente, su estatus de organismo caritativo podría ser revocado, lo cual las silenciaría al obligarlas a cerrar sus puertas.
Muchas de estas organizaciones que se encuentran bajo la lupa del gobierno se encuentran entre las instituciones que más han cuestionado y criticado las políticas del gobierno conservador de Harper en materia medioambiental.
El ministro de Finanzas, Jim Flaherty, advirtió en su presupuesto de 2012 que la actividad política de estas organizaciones de defensa del medioambiente sería monitoreado de cerca. Los conservadores dedicaron 8 millones de dólares para vigilar las actividades de estas entidades. Por su parte, las organizaciones ecologistas creen que son el blanco de los ataques del gobierno conservador con el objetivo de silenciar sus críticas.
Marcel Lauzière, presidente de Imagine Canada, una organización que agrupa a varias organizaciones con el estatus de organismo caritativo declaro que «estamos preocupados por lo que parece ser un aumento de las auditorías en torno a la actividad política y en particular en torno a las organizaciones de defensa del medioambiente.»
«Hay una ola de temor en torno a lo que las organizaciones benéficas pueden y no pueden hacer. »
La lista de organizaciones sometidas a auditorías de parte del gobierno incluye a las más importantes entidades defensoras del medioambiente. Entre ellas figuran la Fundación David Suzuki, Tides Canada, West Coast Environmental Law, la Fundación Pembina, Defensa del Medio Ambiente, Equiterre y el Centro de Acción Ecológica.
Para John Bennett, presidente del organismo medioambiental Sierra Club Canadá, las intenciones del gobierno de Harper son claras: «Esta es una guerra contra el sector», añadiendo que su organismo todavía no fue sometido a una auditoría, pero que está preparado.
«En los 40 años de historia de la Fundación Sierra Club Canada hemos sido auditados dos veces así que ahora se están haciendo más auditorías que lo normal”, dijo Bennett.
Por lo menos un organismo, Defensa del Medio Ambiente, ha recibido los resultados del informe de la Agencia de Ingresos de Canadá y se encuentra apelando. Según fuentes ese informe amenazó con revocar el estatus de organización de beneficencia.
Otro organismo, West Coast Environmental Law, o Ley Medioambiental de la Costa Oeste, informó que el gobierno envió un equipo de auditores desde Ottawa para reforzar el trabajo del equipo local de la Agencia de Ingresos de Canadá. Una fuente dijo que los auditores enviados desde Ottawa se llaman a sí mismos como “El equipo A».
La mayoría de los organismos que se encuentran bajo la lupa prefieren no hablar públicamente, pero fuentes indicaron que los directores ejecutivos de estos grupos se reúnen regularmente por teléfono para discutir dar una respuesta en bloque a las demandas del gobierno.
Por ley, las organizaciones que cuentan con el estatus de caritativas pueden utilizar un máximo del 10 por ciento de sus recursos para toda actividad política. Las directivas establecen que no pueden hacer actividad partidista. Por muchos años esta norma ha sido interpretada en sentido de que un grupo sí puede oponerse a una política de Estado, pero no puede respaldar a un candidato específico en una elección.
Durante consultas previas al presupuesto en diciembre, Flaherty dijo que está considerando imponer aún más cambios a las reglas a los organismos de caridad que llevan a cabo tareas políticas. El ministro de finanzas también lanzó una advertencia a estas entidades, señalando que «si yo fuera una organización medioambiental que utiliza donaciones, que es dinero que sale de los impuestos, para fines políticos, yo sería prudente.»
Bennett dijo que las reglas parecen cambiar constantemente. «No sabemos cuáles son las normas que debemos cumplir. El problema con esto es que le dieron a la Agencia de Ingresos de Canadá el poder de venir a tu organismo y cerrarlo. Si luego quieres reclamar, tienes que acudir a los tribunales.»
Por su parte el gobierno insiste en que no ha tomado como blanco determinadas organizaciones de caridad y que tampoco le dice a la Agencia de Ingresos de Canadá lo que tiene que hacer. Son los propios auditores los que determinan si investigan o no una organización benéfica.
«Asumo que reciben todo tipo de información de parte de los canadienses para determinar a quiénes deben o no deben auditar. En última instancia, depende de ellos como una agencia independiente determinar a quién se audita», dijo el diputado conservador de Alberta, James Rajotte.
El difusor público CBC contactó a la Agencia de Ingresos de Canadá varias veces para preguntar cómo eligen a quién van a auditar. Sus portavoces indicaron que la respuesta se encontraba en su página en Internet. Allí se indica que algunas de las razones por las cuales una entidad que recibe donaciones caritativas podría ser seleccionada para una auditoría incluyen la selección aleatoria, la revisión de obligaciones legales específicas, para el seguimiento ante un posible incumplimiento o una queja recibida.
Según el abogado Mark Blumberg, que se especializa en la ley que regula las instituciones caritativas, la Agencia de Ingresos de Canadá audita a las organizaciones de caridad a menudo en base a quejas.
Ross McMillan, presidente del organismo medioambiental Tides Canada dice que cree que su organismo fue auditado en base a una queja.
En Canadá, un organismo que está a favor de la explotación y extracción petrolera ha presentado quejas contra entidades de defensa del medioambiente.
McMillan citó las quejas de la organización Ethical Oil, o Petróleo Ético, un grupo que ha presentado formalmente quejas contra Tides Canada, la Fundación David Suzuki y la Defensa del Medio Ambiente.
Las quejas se presentaron a través de un abogado y son parte de una campaña para despojar a estos grupos de defensa del medioambiente de su estatus de organización benéfica, que les permite recibir donaciones a cambio de créditos fiscales.
Ethical Oil es una organización no gubernamental sin fines de lucro que se describe como una «comunidad en Internet» para empoderar a las personas para convertirse en activistas en defensa de la explotación de las controvertidas arenas bituminosas en Alberta.
El grupo fue fundado por Alykhan Velshi, quien es actualmente el director de gestión de temas en la Oficina del primer ministro Stephen Harper. Los grupos ecologistas dicen que esta entidad es financiada por las empresas petroleras para tratar de destruir el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil de defensa del medioambiente.
La radio pública ha solicitado en reiteradas ocasiones a Ethical Oil que revele quiénes son los que le dan dinero pero ninguna lista específica de donantes fue dada a conocer al público.
Los grupos ecologistas no son los únicos que han sido auditados. Grupos de justicia social, como Amnistía Internacional Canadá también se encuentran actualmente sometidas a una auditoría sobre sus actividades políticas.
«Tenemos un importante papel que desempeñar en nuestra sociedad y queremos jugar ese rol», dijo John Bennett, el presidente de Sierra Club Canadá. «Pero necesitamos un sistema de gobierno que valore positivamente el diálogo público en lugar de silenciarlo.»
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