Este martes 2 de junio, después de 6 años de trabajo y de haber escuchado a unas 7.000 víctimas, Murray Sinclair, primer juez indígena y presidente de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Canadá, presentó su informe sobre uno de los capítulos más obscuros y turbios de la historia de Canadá: Los pensionados para niños indígenas, de los cuales, el último cerró sus puertas en 1996. El informe de la Comisión califica lo sucedido como un genocidio cultural.
EscucheEn 1876, Canadá adoptó la Ley sobre los Indios, en la que se estipulaba que todos los niños indígenas caerían bajo tutela del Estado. En 1883, el primer ministro de Canadá, John A. Macdonald afirmaba que “los niños indígenas deberían ser retirados lo máximo posible de la influencia de sus padres y la única forma de lograrlo era de enviarlos a escuelas industriales donde podrán adquirir las costumbres y prácticas de los blancos”.
Entre finales del siglo XIX y del siglo XX, más de 150.000 niños indígenas fueron arrancados prácticamente a sus familias y enviados a pensionados, en su gran mayoría dirigidos por comunidades religiosas.
Unos 3.200 niños murieron, la gran mayoría antes de 1940, debido a todo tipo de enfermedades, entre ellas la tuberculosis. Las condiciones sanitarias eran tan malsanas que el índice de mortalidad en los pensionados era 5 veces más elevado que en el resto de la población.
El gobierno en esa época había confesado que bajo el pretexto de educar a los niños, esta política tenía sobre todo como primer objetivo de asimilarlos y erradicar su cultura. La Comisión estima que esta política de asimilación tuvo consecuencias nefastas para el conjunto de las naciones indígenas y destruyó poco a poco su capacidad de prosperar en el seno de la sociedad canadiense.
Abusos físicos, psicológicos y sexuales, entre otros, la lista de maltratos y perjuicios ocasionados a estos niños está minuciosamente detallada y compilada en las páginas del informe final de la Comisión, que contiene más de 2 millones de palabras que relatan situaciones muy difíciles contadas por las víctimas de estos actos.
El primer ministro Stephen Harper había presentado excusas oficiales en nombre de Canadá en 2008, pero según el parecer de la Comisión, se tiene que hacer mucho más, porque los daños causados no se han reparado aún.
El informe de la Comisión contiene 94 recomendaciones para restablecer la relación entre las naciones indígenas y el resto de la sociedad canadiense. La esperanza es de dotarse de los medios para reiniciar relaciones respetuosas que permitan poner fin al racismo y la exclusión de los que han sufrido y sufren todavía los y las indígenas de este país.
La Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Canadá reconoce que algunas de sus recomendaciones no son nuevas y hace eco a otras que habían sido presentadas por la Comisión Real sobre los Pueblos Autóctonos en 1996. Mientras que el gobierno federal había ignorado las recomendaciones de esa época, la Comisión ve en su informe “una segunda posibilidad de aprovechar la oportunidad perdida en aquella época”.
EscuchePablo Gómez Barrios conversó sobre este tema con Leonzo Barreno, indígena de origen maya guatemalteco que vive en Canadá desde 1989, profesor adjunto en la Universidad de Regina, Saskatchewan y estudiante al Doctorado en Estudios Indígenas en la Universidad de Sakatchewan en Saskatoon.
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