La explotación minera por parte de firmas canadienses en América Latina sigue sumando voces de protesta.
La firma Goldcorp consiguió que el gobierno de Guatemala la autorizase a explotar un yacimiento de oro a cielo abierto, que se encuentra en territorio de la comunidad indígena Maya Mam.
El denominado proyecto Marlin inició sus actividades hace una década.
A lo largo de esos años, los habitantes de la población de San Marcos han denunciado ante instancias judiciales guatemaltecas e internacionales la violación de sus derechos, la contaminación de sus aguas, la aparición de enfermedades y la destrucción de su medioambiente.
Sin embargo, y a pesar de algunas resoluciones a favor obtenidas por los autóctonos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, autoridades locales y responsables empresariales han hecho oídos sordos a los reclamos.
Canadá ha logrado convertirse en el principal actor de la actividad minera mundial. Pero a diferencia de la tradicional política de respeto de los derechos de las personas practicada dentro de su territorio, en el extranjero el país parece haber dado luz verde a todo tipo de atropellos con tal de asegurar los beneficios económicos que promete el sector.
Para prueba de lo anterior alanza con señalar la persecución de los líderes sociales, el encarcelamiento de los mismos, el desplazamiento por la fuerza de pobladores, la amenaza…, todo eso en un país donde la represión y la persecución son moneda diaria.
Al respecto, Luis Laborda hablo con Crisanta Pérez, líder indígena de las protestas contra la minería canadiense en Guatemala.
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