A pesar de los vientos en contra, Quebec se mantiene firme y dice que no retrasará la aprobación del controvertido proyecto de ley, y mucho menos se comprometerá a tramitar los 18.000 casos pendientes de unos 50.000 candidatos a la inmigración.
Legault se abstuvo de comentar el destino de los miles de candidatos a la inmigración que fueron puestos de lado por su ministro de la inmigración durante la presentación del proyecto de ley el 7 de febrero pasado.
El proyecto de ley 9 es una modificación a las reglas vigentes para seleccionar a los futuros inmigrantes únicamente sobre la base de las necesidades laborales de la provincia incluidas en un nuevo programa llamado Arrima.
Debido a la existencia de ese programa, el gobierno se niega a tramitar los miles de expedientes presentados en virtud de las normas anteriores, que se basaban en el principio del orden cronológico de presentación de la solicitud.
En una rueda de prensa el martes por la mañana, al margen de la comisión parlamentaria que estudia el proyecto de ley 9, el ministro de Inmigración, Simon Jolin-Barrette, también reiteró su determinación de mantener el pie en el acelerador, a pesar de la advertencia del Tribunal Superior.
El juez Frédéric Bachand emitió el lunes una orden judicial provisional, válida por 10 días, que exige que el Ministerio de Inmigración de Quebec procese las solicitudes de los candidatos de inmigración y tome decisiones de acuerdo con las normas en vigor, un proceso suspendido por el Ministro cuando su proyecto de ley fue presentado el 7 de febrero. El juez de la Corte Superior de Quebec dictaminó que los solicitantes estaban sufriendo actualmente daños graves e irreparables por la decisión del gobierno.
Cuando la Asociación quebequense de abogados y abogadas en derecho inmigratorio (AQAADI) presentó su solicitud de una orden judicial, el Ministro Jolin Barrette describió el proceso de «sin sentido». Pero el tribunal lo obligó a tratar los 18 000 expedientes. El gobierno de Quebec dice que cumplirá con la orden, pero no más allá y sobre todo sin desviarse de su trayectoria ni agregar más recursos.
El gobierno no aumentará el número de funcionarios encargados de analizar los expedientes presentados por los solicitantes de inmigración, a veces hace varios años, para eliminar la lista de espera. Por lo tanto, es imposible saber qué proporción de los casos contenciosos puede tratarse antes de que se produzca el corte legislativo.
Una vez que la ley sea aprobada, el ministro tendrá el poder – y la voluntad – de cancelar los miles de casos pendientes, a menos que otros recursos legales presentados pongan obstáculos en el camino de la maquinaria gubernamental. Ya sabemos que la AQAADI regresará al caso para exigir que se extienda la medida cautelar.
Fuentes: La Presse canadienne, Radio-Canada.
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