La Corte Suprema de Canadá decidió rechazar un recurso presentado en el país, en relación con el fallo que impone a la firma petrolera Chevron-Texaco el pago de una multimillonaria indemnización en Ecuador.
Texaco, que en 2001 fue adquirida por Chevron, contaminó más de 45.000 hectáreas de bosques vírgenes en esa nación sudamericana.
Las comunidades indígenas llevan décadas reclamando que se revierta el daño. REUTERS/Lou Dematteis/LD/HB.
Según la demanda, la petrolera derramó petróleo crudo, aguas tóxicas y gases contaminantes que afectaron al ecosistema, la salud, la seguridad y la soberanía de 80 comunidades autóctonas, que suman aproximadamente a 30.000 personas.
Tras un dictamen de la justicia ecuatoriana, que impuso a la empresa el pago de un resarcimiento por 9.500 millones de dólares, los responsables de Chevron retiraron todos los activos con los que contaba en ese país, haciendo imposible el cobro por parte de los damnificados.
Abogados y entidades que representan a los damnificados presentaron recursos de homologación del fallo ecuatoriano en tres países donde el gigante petrolero tiene activos: Canadá, Brasil y Argentina.
La presencia de Chevrón generó gran rechazo en todo Ecuador. REUTERS/Lou Dematteis/LD.
En esas tres naciones hay empresas subsidiarias de Chevrón y sólo en Canadá la petrolera cuenta con activos por valor de 15.000 millones de dólares, una suma más que suficiente para asumir al menos una parte del costo de la indemnización.
Las comunidades locales padecen aún en nuestros días las consecuencias de lo que calificaron como una actitud negligente de la empresa. Los efectos son visibles principalmente en la salud de las personas. En la región afectada se registran las tasas de leucemia infantil más altas de Ecuador. Las muertes ligadas al cáncer se incrementaron 130 por ciento y la tasa de mortalidad es 260 por ciento más alta que en otras zonas del país.
Numerosas demostraciones se llevaron a cabo también en el exterior.. REUTERS/Robert Galbraith.
Rosa Peralta, del Comité para los Derechos Humanos en América Latina, lamenta que la Corte canadiense haya adoptado un criterio que defiende los intereses de la firma pero que “se olvida de los derechos de las personas afectadas” por los derrames.
Peralta dice además que los jueces canadienses dictaron su fallo sin brindar a los abogados de las entidades la ocasión de explicar la forma en la que Chevron operó en Ecuador y cuál es la estructura de la empresa matriz, su relación con las subsidiarias y por qué estas deberían hacerse cargo de los pagos reclamados.
La Unión de los Pueblos Afectados por Texaco-Chevrón forma parte de un grupo de entidades que presiona para la creación de un tratado internacional vinculante sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.
Los denunciantes sostienen que los trabajos de limpieza fueron insuficientes. REUTERS/Guillermo Granja.
Al respecto, Peralta sostiene que “no es posible que sólo los tratados económicos sean vinculantes y obligatorios, pero cuando se trata de defender los derechos humanos la justicia sólo se pronuncie dictando recomendaciones, cuya aplicación es voluntaria”.
La petrolera está acusada de verter desperdicios tóxicos durante décadas en las aguas del Lago Agrio, en proximidades de la Reserva Cuyabeno y la Reserva Biológica Limoncocha. La firma responde que durante años invirtió cerca de 40 millones de dólares para limpiar el área.
Rosa Peralta, del Comité para los Derechos Humanos en América Latina, brinda más detalles en entrevista con Luis Laborda.
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