Los migrantes detenidos en el Centro de Vigilancia de la Inmigración de Laval, Quebec, reciben el apoyo de organizaciones de todo el país que afirman que los riesgos de la COVID-19 son reales.
Profesionales de la salud, militantes de derechos humanos y simpatizantes de todo Canadá se unen para denunciar las terribles consecuencias legales, médicas y morales de la pandemia de COVID-19 en los y las migrantes que se encuentran actualmente detenidos. Este fin de semana se llevó a cabo una conferencia de prensa mientras los detenidos comenzaron este lunes el sêptimo dîa su huelga de hambre.
Recordemos que 34 personas se encuentran actualmente detenidas en el Centro de Vigilancia de la Inmigración, una cárcel donde se detiene a los inmigrantes si no disponen de los documentos necesarios o si Canadá desea deportarlos y que la Agencia de Servicios Fronterizos del país considera que no colaboran en sus deportaciones.
A pesar de la presión ejercida por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, ASFC, los detenidos en huelga de hambre se niegan a comer desde el miércoles 25 de marzo. Confinados en pequeños espacios y expuestos a las idas y venidas de los guardias, del personal de mantenimiento y de la alimentación, los detenidos se encuentran en la imposibilidad de respetar las medidas de distanciamiento social y los riesgos de transmisión de la COVID-19 son reales.
#HUELGADEHAMBRELAVAL Solidaridad con las y los migrantes detenid(a)os por Canadá. (Foto: nsadvocate.org)
“Es imposible adoptar las medidas de salud pública necesarias para impedir la propagación de la pandemia entre los detenidos en los centros de detención y las cárceles. Las autoridades deben liberar a todas las personas detenidas en todo el país, incluyendo a las que se encuentran en huelga de hambre en el Centro de Vigilancia de la Inmigración de Laval, Quebec” afirma la Nanky Rai, médico del Centro de Salud Comunitaria Parkdale Queen West de Toronto, Ontario.
La Liga de Derechos y Libertades afirma por su parte que para evitar la catástrofe sanitaria hay que liberar a los detenidos que se encuentran en este momento en el Centro de Vigilancia de la Inmigración de Laval, Quebec, e impedir que otros sean detenidos en el mismo centro. “Encarcelar a personas que piden refugio en Canadá o cuyos papeles están vencidos es una violación a los derechos fundamentales. Y es además inaceptable en un contexto de pandemia”, afirma Alexandra Pierre de la Liga de Derechos y Libertades.
Los grupos simpatizantes de los inmigrantes detenidos denuncian la implicación del gobierno canadiense en la creación de las condiciones que desplazan a las personas a través del mundo y las obligan a migrar. Estos grupos piden la liberación inmediata, un albergue seguro y de calidad para todas las personas liberadas y el paro total de nuevas detenciones.
Stacey Gomez, coordinadora en las provincias marítimas de la Red Marítimas-Guatemala Breaking the Silence (Rompiendo el Silencio) en Halifax, Nueva Escocia, afirma que Canadá “ofrece un apoyo indefectible a los proyectos de extracción, como los del sector minero canadiense, así como en los regímenes represivos de Centroamérica, que obligan a las personas a huir hacia Norteamérica. Y cuando las personas refugiadas y migrantes llegan aquí, se enfrentan a restricciones injustas y abusos en las fronteras”.
La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, ASFC, afirma por su parte que sigue de cerca la situación, pero que «no puede obligar a un individuo a alimentarse, ni ordenar la alimentación de un detenido que tenía la capacidad de comprender las consecuencias de su ayuno en el momento en que tomó su decisión». Jacqueline Callin, portavoz de la ASFC, dice que a todos los detenidos que se encuentran en huelga de hambre se les hace un «seguimiento médico asiduo», y que se les pondrá a su disposición una gama de servicios profesionales, entre otros una unidad de enfermería y un médico 24 horas sobre 24.
RCI/solidarityacrossborder.org/nsadvocate.org/journalmetro.com
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