La Comisión Civil de Examen y Tratamiento de Quejas (CCEQ), un organismo canadiense de control independiente de las acciones de la policía federal canadiense, la Real Policía Montada de Canadá (RPMC), dice que le preocupa frecuentemente el «uso irracional de la fuerza» de la Policía Montada durante las visitas de verificación del bienestar de las personas que enfrentan problemas de salud mental.
En respuesta a algunos recientes y controvertidos incidentes que involucran a la RPMC, el presidente de la CCEQ publicó este martes una declaración destacando algunas de las preocupaciones de su institución sobre las acciones de la Policía Federal de Canadá.
«Con respecto a la interacción con las personas en crisis, las conclusiones de la comisión han puesto de relieve sistemáticamente las preocupaciones sobre la adopción por parte de la policía de un enfoque de ‘mandar y controlar’, un estilo autoritario de tratar con una persona que no se somete», dijo Michelaine Lahaie.
En diciembre de 2018 el entonces ministro de Seguridad Pública Ralph Goodale, anunció la nominación de Michelaine Lahaie al cargo de presidenta de la Comisión Civil de Examen y Tratamiento de Quejas de la Real Policía Montada de Canadá. Ella es una veterana de las Fuerzas Armadas de Canadá, con 30 años de experiencia, en los que fue la primera mujer oficial al mando en la Escuela de Liderazgo y Reclutamiento de las Fuerzas Canadienses.
«Los informes de la comisión han encontrado repetidamente que este enfoque de ‘mandar y controlar’ ha llevado al uso irrazonable de la fuerza por parte de la RPMC para aprehender a personas en crisis».
La Comisión Civil de Examen y Tratamiento de Quejas es el organismo independiente creado para revisar la conducta de la Policía Federal de Canadá. Recibe, en promedio, más de 2.000 quejas del público cada año, que van desde alegaciones de detención ilegal y uso indebido de la fuerza hasta informes sobre malos hábitos al conducir.
Esta Comisión ha sido criticada por no tener poder verdadero y por ser «fundamentalmente defectuosa», según algunos abogados.
En los últimos cinco años, Michelaine Lahaie, presidenta de la Comisión Civil de Examen y Tratamiento de Quejas ha publicado 14 informes en los que concluye que las acciones que tomó la RPMC en casos de chequeo del bienestar personal o en el caso de una persona en crisis, fueron «irrazonables», dijo Lahaie.
Los informes no fueron hechos públicos por razones de privacidad, dice la declaración, pero la presidenta aclaró que es de interés público el dar a conocer esta «pauta general de preocupación» de la Comisión.
Rodney Levi, indígena de la Primera Nación Metepenagiag, fue baleado por un miembro de la Policía Montada durante un incidente en Boom Road, Nuevo Brunswick. (Foto: CBC/ Facebook )
La Policía Federal de Canadá está bajo presión para explicar por qué un oficial disparó y mató a Rodney Levi, un miembro de la Primera Nación Metepenagiag en New Brunswick, el mes pasado. Su familia dijo que la víctima sufría de problemas de salud mental.
Levi fue el segundo indígena en la provincia de Nueva Brunswick en ser baleado por un oficial de policía en sólo ocho días. Chantel Moore, un indígena de 26 años, fue baleada por un oficial del destacamento policial de Edmundston durante un chequeo de salud.
Al otro lado del país, una agente de la RPMC, Lacy Bowning, se encuentra bajo investigación criminal, otra investigación sobre su conducta, además de una demanda después de que apareció un vídeo el mes pasado mostrando a la mujer policía arrastrando a la estudiante de enfermería de UBC-Okanagan Mona Wang por un pasillo y pisándole la cabeza durante un chequeo de bienestar en enero.
Chantel Moore, 26 años, creció en la isla de Vancouver y fue a vivir a Nuevo Brunswick junto a su madre e hija Gracie. Ella fue abatida por la policía federal de Canadá durante una visita de los uniformados para verificar si estaba bien de salud. (Chantel Moore/Facebook)
Este tipo de incidentes ha impulsado a los defensores, y al mayor centro psiquiátrico de Canadá, a exigir que se retire a los policías cuando se trate de responder a situaciones de personas en situaciones de emergencia de salud mental.
En un informe de principios de este año, Michelaine Lahaie, presidenta de la Comisión Civil de Examen y Tratamiento de Quejas, dijo que recomendó que la comisionada de la RPMC, Brenda Lucki ordene a sus oficiales al mando a que trabajen con las provincias y territorios para desarrollar diferentes opciones de atención sanitaria.
En ese informe también pide a la comisionada de la RPMC, Brenda Lucki, que considere la posibilidad de enmendar las políticas de la Real Policía Montada para limitar la participación de la policía durante las llamadas de bienestar a los casos en que sea necesaria una presencia policial en base en la criminalidad o los riesgos para la seguridad pública.
Brenda Lucki, Comisaria de la Real Policía Montada de Canadá-Gendarmería Real de Canadá el 17 de septiembre 2019. (Foto: THE CANADIAN PRESS/Chris Wattie)
«Tengo la esperanza de que el aumento de la atención pública en esta área en desarrollo del trabajo de la policía permitirá a la RPMC encontrar el equilibrio adecuado y establecer políticas eficaces, así como la formación y los procedimientos para responder a las personas en crisis y para manejar las solicitudes de controles de bienestar».
Michelaine Lahaie, presidenta de la Comisión Civil de Examen y Tratamiento de Quejas.
El presidente de la CCEQ no es la primera persona que denuncia el uso de la fuerza de parte de la RPMC cuando se trata de llamadas en situaciones de problemas de salud mental.
Lahaie señaló que la investigación sobre la muerte de Robert Dziekanski, un inmigrante polaco que acababa de llevar a Canadá y que murió tras ser víctima de varios disparos de una pistola de electrochoque en el Aeropuerto de Vancouver en 2007, encontró que «la filosofía de mandar y controlar, a la base del entrenamiento de los reclutas de policía, por muy apropiada que sea en general, es a la vez inapropiada y contraproducente cuando se trata de personas emocionalmente perturbadas».
El juez jubilado de la Corte Suprema de Canadá, Frank Iacobucci se hizo eco de esas conclusiones durante su examen en 2014 sobre la forma en que la policía de Toronto aborda a las personas en crisis. El actual ministro de Seguridad Pública de Canadá, Bill Blair, era en ese entonces jefe de la Policía de Toronto.
El ex juez de la Corte Suprema de Canadá, Frank Iacobucci. (Foto: REUTERS/Chris Wattie)
«El desafío, y uno de los requisitos más críticos para la policía, es saber cómo apaciguar una crisis que involucra a una persona que debido a una discapacidad mental transitoria o permanente, puede no responder apropiadamente, o para nada, a las órdenes estándar dadas por la policía. El uso de la fuerza por parte de la policía debe ser siempre el último recurso».
Frank Iacobucci, juez jubilado de la Corte Suprema de Canadá.
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