América Latina: «la pandemia exacerbó la violación de los derechos humanos»

Jasmin Hristov, profesora e investigadora en la Universidad de Columbia Británica, ha dedicado gran parte de sus esfuerzos a investigar la violencia estatal y paraestatal en América Latina y su relación con el despojo de las tierras.

La problemática es compleja y no tiene una sola respuesta, porque las causas de esa violencia tampoco son una sola.

La investigadora ha hecho numerosos viajes por diferentes naciones latinoamericanas, incluyendo Colombia, El Salvador, Brasil, México y Honduras, en donde se ha dedicado a analizar no sólo el vínculo entre los intereses de las clases dominantes locales y la violencia, con o sin la participación del aparato represivo estatal o paraestatal, sino también la íntima relación entre la posesión de la tierra y sus riquezas y la puja por el poder dentro del marco de desarrollo del capitalismo y los intereses de empresas transnacionales, donde la preservación de las culturas y el medioambiente locales no son más que un estorbo.

En ese contexto se inscribe la persecución contra líderes sociales, militantes por los derechos humanos, defensores de los campesinos y hasta la ola de femicidios que sacude a varios países de la región.

La situación ha empeorado, en opinión de Hristov, con la llegada de la pandemia y las medidas de aislamiento y confinamiento sociales dictadas por los gobiernos, que han hecho que esos agentes sociales sean “blanco inmóvil” de la violencia.

Esta es parte del diálogo que Radio Canadá Internacional mantuvo con la profesora Hristov:

Usted se ha dedicado a estudiar la violencia en América Latina. ¿Por qué y desde qué óptica?

Desde que era pequeña me ha llamado la atención un tipo de violencia que era muy prevalente en el norte de Brasil: la violencia de los ricos contra los pobres. Así formé mi noción sobre la violencia como un instrumento de poder, un instrumento para mantener la injusticia social, y para subyugar a los que se oponen a los intereses de los poderosos, cosa que siempre ha provocado dentro de mí gran indignación. 

En su trabajo usa, entre otros conceptos, el de “formas híbridas de violencia organizada”. Explíquenos, por favor, a qué se refiere.

Creo que un término más preciso sería “violencia colectiva”. Cuando hablo de “formas híbridas” me refiero a la proliferación de violencia que se presenta en diferentes modalidades: la ejercida por actores armados no estatales, la de actores armados estatales actuando fuera del marco de la ley, y una combinación de actores estatales y no estatales. Es lo que denominamos violencia para-institucional o paramilitar.

En uno de sus trabajos usted sostiene que el 60 por ciento de los crímenes contra ambientalistas ocurre en América Latina, que sólo representa el 8 por ciento de la población mundial. ¿Cómo explica esa desproporción? ¿Por qué la región es tan violenta hacia los defensores del medioambiente?

Bueno, hay que tener en claro que no es violencia solo contra ambientalistas, sino también contra defensores de los derechos agrarios y territoriales. Es decir, es violencia contra campesinos o pequeños productores, que luchan por tener acceso a la tierra para sobrevivir, comunidades indígenas y afrodescendientes con derechos colectivos. Como la sobrevivencia de los pueblos rurales depende del estado de la tierra y el medioambiente, la lucha en gran parte es también para defender la tierra contra la destrucción ambiental que generan los proyectos mineros, agroindustriales, hidroeléctricos, de turismo y otros proyectos de capital de gran escala. La cuestión de control y uso de la tierra ha sido históricamente el factor principal que ha generado la violencia en Latinoamérica. La lucha por la tierra ha sido un motor de violencia sin cesar. La violencia que despoja a la gente de la tierra también genera otras formas de violencia, como el feminicidio, la delincuencia organizada, el tráfico de seres humanos, etc. Ahora, para responder la pregunta porque en Latinoamérica ocurre desproporcionadamente ocurre esta violencia contra defensores de la tierra, hay varias razones: primero, la región es rica en recursos naturales y tierra fértil que ofrece oportunidades para el lucro; en segundo lugar, existen muchos movimientos de resistencia; además, el conflicto histórico entre las familias de las élites, que por generaciones han mantenido el control, y los sin tierra; y por último, el incremento de negocios ilegales, especialmente narcotráfico, que ha creado una élite más poderosa todavía, que invierte su capital en actividades en el sector agrario.

 

Usted afirma que el escenarios de violencia hacia los campesinos y hacia los activistas por la defensa del medioambiente se ha agravado con el Covid-19. ¿Cómo?

Bajo de órdenes de aislamiento preventivo o cuarentena, las personas pierden su derecho de moverse. Muchos líderes sociales que padecen amenazas están obligados a desplazarse constantemente, para evitar que los maten, pero con las nuevas medidas gubernamentales relacionadas con la pandemia, estas personas no tienen la opción de moverse y se convierten en un objetivo para actores armados y fuerzas represivas del Estado que buscan detenerlos bajo acusaciones falsas. La pandemia también nos ha enseñado la importancia del acceso a la tierra como un instrumento para la seguridad alimentaria. En ese sentido, vemos cómo millones de personas que trabajaban en el sector informal en los centros urbanos, están enfrentando hambre por no poder salir a trabajar en las calles. Por último, activistas que han sido detenidos esperando juicio están expuestos a altos riesgos de enfermarse de Covid-19, por las condiciones precarias en los centros de detención. Entonces, para los que tienen interés en silenciar a los líderes sociales, periodistas, u otros activistas, les resulta más fácil ahora, ya que una detención muy probablemente se vuelva una sentencia de muerte.

¿Cuáles son los “mecanismos velados de codicia y beneficio detrás de las atrocidades del desplazamiento de tierras” de los que habla su trabajo?

Me refiero al interés del capital privado, las grandes empresas, que se disfrazan bajo el discurso de desarrollo y progreso. Por ejemplo, ellos dicen que crean empleos, cuando en realidad destruyen la sobrevivencia de los pequeños productores, los dejan en una situación de desesperación, para después aparecer como si los estuvieran salvando de la pobreza. Lo que hay que mirar son los mecanismos que generan la pobreza. Es como si un ladrón te roba todo tu dinero y al día siguiente aparece para ofrecerte un préstamo.

La investigadora señala al neoliberalismo como uno de los motores de las injusticias y la violencia en América Latina. Pero es ese esquema político el que beneficia negocios como por ejemplo la minería, de los cuales Canadá participa en varios proyectos en América Latina. Cuando le pedimos una reflexión en torno a cómo subsanar la aparente contradicción entre el discurso canadiense de defensa de derechos humanos al tiempo que impulsa actividades económicas que no hacen más que violentar los, Hristov sostiene:

“El primer paso es educar y crear conciencia entre los ciudadanos canadienses de las formas como las actividades de empresas del país están implicadas en violaciones de derechos humanos. Hay que corregir el discurso racista y colonial que sostiene ideas equivocadas sobre el “primer mundo” ayudando al “tercer mundo” y desenmascarar cómo el término “desarrollo” hasta ahora ha sido realmente un desarrollo para el capital, no desarrollo para el bienestar de la mayoría de los seres humanos. En segundo lugar, los políticos que crean leyes y medidas económicas deben entender la manera en la que la inversión extranjera crea condiciones propicias para la violencia o directamente se acaba beneficiando de esa violencia”. 

La violencia en América Latina es materia de estudios en diversos cursos que Hristov dicta en la Universidad. De ese modo, ella espera que sus estudiantes tengan “la oportunidad de explorar temas de desarrollo, globalización y derechos humanos desde una perspectiva basada en principios de humanismo, igualdad, y transformación social”. 

Sus clases son una experiencia colectiva, donde los estudiantes pueden examinar los temas desde la perspectiva de los más marginalizados y escuchar las voces de los que normalmente son excluidos. 

“El mayor desafío es despertarlos del conformismo, del individualismo y del pesimismo basado en la idea de que el mundo es injusto pero el sistema no se puede cambiar”, sostiene la docente en referencia a quienes siguen sus clases.

Hristov define a la educación como un instrumento de empoderamiento y retoma las palabras del pedagogo brasileño Paulo Freire,  en cuanto a crear la conciencia de que uno puede participar en la transformación social. 

“Me alegra cuando veo a los estudiantes dándose cuenta de que el mundo se puede cambiar cuando desarrollamos una visión común y actuamos de manera colectiva”, concluye.

Jasmin Hristov es profesora en el departamento de Historia y Sociología de la Universidad de Columbia Británica y profesora asociada en el programa de género y estudios de la mujer. Se especializa en  sociología política y global, economía política, derechos humanos y desarrollo internacional. Sus investigaciones se centran sobre los temas de movimientos sociales, violencia estatal y paraestatal, desplazamiento forzado, acaparamiento de tierra, y violencia de género. Es autora de los libros: Sangre y Capital: la Paramilitarización de Colombia (Ohio University Press 2009) y Paramilitarismo y Neoliberalismo: Sistemas Violentas de Acumulación de Capital en Colombia y el Mundo (Pluto Press 2014).

La docente e investigadora reside en Canadá desde su adolescencia.