La ley que aborda la cuestión de la laicidad en el Estado en Quebec es abordada este lunes en una audiencia que se lleva a cabo en los tribunales de Montreal.
La iniciativa, cuyo objetivo declarado es establecer la neutralidad estatal en la provincia, ha sido objeto de numerosos debates y polémicas, mientras algunas entidades reclaman su anulación.
La norma, que fue aprobada por la legislatura provincial en 2019, prohíbe el uso y exhibición de signos religiosos a los empleados públicos, mientras se encuentran en el ejercicio de sus funciones.
Un debate que parece lejos de terminar. THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes
Entre sus fundamentos, la ley indica que la laicidad estatal reposa sobre cuatro principios que son la separación del Estado y las religiones, la neutralidad religiosa, la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas, la libertad de conciencia y la libertad de religión.
No obstante, quienes se muestran opuestos a la norma sostienen que la misma discrimina a las mujeres pertenecientes a grupos minoritarios, que se ven “obligadas a optar entre sus raíces culturales y sus derechos”.
La Asociación de estudiantes musulmanes, entre otras, difundió una carta abierta en la que sostiene que “la ley 21 alimenta la discriminación sistémica”.
En el texto, los estudiantes, algunos de ellos de la carrera de Derecho, indican que «el concepto de neutralidad religiosa no se ve comprometido, sino que se refuerza cuando las personas que ocupan puestos de autoridad reflejan la diversidad de Quebec».
La norma dispone que los empleados del Estado se despojen o cubran todo signo religioso durante su desempeño laboral, de manera que los mismos no estén a la vista del público.
El gobierno de Francois Legault hizo de la norma uno de sus temas centrales. THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz
La carta abierta afirma que las personas para las que la religión y sus símbolos forman parte de su vida cotidiana “no podrán trabajar en el sector público, debido a sus creencias religiosas. De esa forma,nuestro sistema de justicia se empobrece”.
“Infringir los derechos de las minorías religiosas pone en peligro todos nuestros derechos”, indica el escrito, en referencia al argumento de que la ley va en contra de de la Carta de Derechos y Libertades.
La Asociación Canadiense de Libertades Civiles sostiene que la norma es inconstitucional, entre otras razones, porque obliga a todos los habitantes de la provincia a vestirse de una manera distinta a la indicada por sus propias convicciones privadas.
Del mismo modo, la entidad sostuvo que la ley ayuda a reforzar los prejuicios sociales en contra de las comunidades inmigrantes y minorías raciales en particular.
La norma fue aprobada en marzo de 2019 y en abril de este año la Corte Suprema de Canadá rechazó analizar una impugnación presentada por diversas entidades.
La audiencia en los tribunales de Montreal se produce como resultado de un pedido de revocación de la ley.
Fuentes: The Canadian Press / Asociación Canadiense de Libertades Civiles / Asociación de Estudiantes Musulmanes de Derecho.
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