La semana última, el gobierno federal remitió a la Cámara de los Comunes un proyecto de ley que busca dar empuje nuevo a la promesa del primer ministro Justin Trudeau de hacer que el país reconvierta su economía para tornarla más respetuosa del medioambiente.
La iniciativa tiene como meta lograr que Canadá llegue a cero emisión de gases contaminantes hacia 2050, un objetivo que ha formado parte del discurso oficial desde antes de las últimas elecciones nacionales.
La movida fue bien recibida por diversos sectores, aunque las dudas en torno a su viabilidad persisten.
Entre quienes saludaron con agrado al proyecto se encuentra la entidad Equiterre que, de todos modos, no deja de señalar que el proyecto presenta algunas lagunas y que carece de ambición política.
La norma
El proyecto enviado al parlamento, y que tiene el nombre oficial de Ley C-12 / Un Acta sobre el Respeto de la transparencia y la Rendición de Cuentas en los Esfuerzos de Canadá para Alcanzar la Emisión 0 de Gases de Efecto Invernadero en el Año 2050, dice en sus propósitos:
Lo que la iniciativa tiene de realmente novedoso es que la cartera de Economía, a cargo de la vicejefa de gobierno y ministra de Finanzas Chrystia Freeland, deberá presentar reportes periódicos en torno a las medidas adoptadas en el área para facilitar la consecución de la meta ecológica y, al mismo tiempo, facilitar la reconversión del aparato productivo nacional, basado, en una proporción significativa, en la explotación de los recursos naturales, principalmente petróleo y gas, evitando que el cambio pueda traducirse en daño infligido a las empresas.
El proyecto indica, además, que el ministerio a cargo del cumplimiento de la norma debe tomar en cuenta la mejor información científica disponible, así como los compromisos asumidos por el país en el plano internacional respecto al cambio climático.
Desde la firma del Acuerdo de París, en 2016, poco se ha avanzado en la consecución de los objetivos de ese tratado internacional, avalado por Naciones Unidas, que es el de poner freno al cambio climático.
La reticencia de muchos países industrializados para introducir medidas que podrían dañar sus economías ha significado más que una “piedra en el zapato” del acuerdo.
En esa misma línea, cabría preguntarse si 2020, el año signado por la pandemia de coronavirus, que ha significado una desaceleración para las economías de todos los países, es el momento propicio para proponer una norma que conlleva la necesidad de producir cambio que indefectiblemente afectará al aparato productivo e industrial del país.
La entidad ambientalista Équiterre calificó al proyecto de ley como “un avance significativo”.
Bueno, pero se puede mejorar
De todos modos, la organización sostiene que la propuesta contiene algunas falencias que es necesario corregir.
Entre otros puntos, Equiterre indica que el texto enviado al parlamento pone el acento sobre mejores controles y herramientas para buscar el objetivo de reducir las emisiones contaminantes, pero no se incluye en el cuerpo de la ley ninguna obligación en cuanto a resultados.
Ryan Worms, director y encargado de programas de la entidad, sostiene que si bien es cierto que el cierre provocado por la pandemia ha producido un daño a la economía, la pausa obligada es también una oportunidad para replantearse objetivos y reorientar la actividad para otorgarle un perfil ecológico.
Worms indica que la desaceleración de la economía global ha provocado una caída en los valores internacionales de los recursos naturales como mercancías, entre ellos el petróleo, por lo que buscar opciones se hace ahora más necesario que nunca.
Destaca, del mismo modo, que la provincia más comprometida con una economía basada en la extracción de petróleo, Alberta, es también la más involucrada en inversiones en las llamadas energías limpias.
Nuestro entrevistado sostiene que la falencia más notoria del proyecto es su falta de “coraje político” para imponer metas y criterios a los grandes emisores de gases, para que reduzcan su “aporte” a la contaminación.
También apunta a las diferencias que existen entre la propuesta federal y los planes provinciales, con acentos puestos en lo político y lo económico, respectivamente, como es el caso de este proyecto de ley y de la propuesta presentada días atrás por Quebec, donde la clave pasa por la electrificación del transporte público y la eliminación de los vehiculos que funcionan con gasolina.
Ryan Worms, de Équiterre, nos brinda más detalles en la entrevista que mantuvo con RCI.
Nota: por problemas en la comunicación, lamentablemente no podemos ofrecer la versión con imágen de la entrevista. Escuche el audio:
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