El gobierno del primer ministro Justin Trudeau presentó este jueves en Ottawa un proyecto de ley para comenzar el proceso de alineamiento de la legislación canadiense a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El ministro de Justicia David Lametti presentó el proyecto de ley C-15 en la Cámara de los Comunes. De ser aprobado, ese proyecto de ley requerirá que el gobierno federal tome las medidas necesarias para que las leyes de Canadá sean consistentes con los 46 artículos de la declaración sobre los derechos indígenas.
El proyecto de ley presentado por los liberales también requerirá que el gobierno federal prepare un plan de acción dentro de los tres años siguientes a la aprobación del proyecto de ley para lograr los objetivos de la declaración, y que las autoridades también presenten un informe anual detallando los progresos realizados.

David Lametti, ministro federal de Justicia y Procurador General de Canadá. (Foto: THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick)
«Trabajar con las Primeras Naciones, los inuit y los métis para aplicar la declaración y crear un marco para alcanzar sus objetivos es una declaración que el Gobierno de Canadá valora, respeta y también promueve los derechos humanos de todos».
David Lametti, ministro de Justicia de Canadá.
El ministro Lametti expresó que la legislación propuesta es un paso importante en el camino compartido hacia la reconciliación de los pueblos indígenas y no indígenas en Canadá.
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La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un documento de referencia que afirma los derechos de los pueblos indígenas a su lengua, su cultura, su autodeterminación y la propiedad de sus territorios tradicionales. También establece «normas mínimas para la supervivencia y el bienestar» de los pueblos indígenas, según la ONU.
En una sesión informativa técnica para los periodistas, llevada a cabo a condición de que los funcionarios participantes no sean identificados, un alto funcionario del gobierno dijo que el proyecto de ley no fue redactado para que esa Declaración forme parte de la legislación federal, sino que la identifica como un instrumento de derechos humanos que los gobiernos y los tribunales en el país pueden utilizar para guiar el desarrollo y la interpretación de la legislación canadiense.

La mayoría de los jefes herederos de los Wet’suwet’en en Columbia Británica manifestaron su oposición al proyecto de gasoducto Coastal GasLink que atraviesa su territorio tradicional. (Foto: Jason Franson/The Canadian Press)
Durante la campaña para las elecciones federales de 2019, los liberales prometieron implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dentro del primer año de un nuevo mandato, pero pospusieron la presentación del proyecto de ley a principios de este año debido a la crisis del bloqueo ferroviario.
El pasado 19 de febrero, el gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau decidió posponer la presentación de su proyecto de ley sobre la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como resultado de los continuos bloqueos ferroviarios provocados por las acciones de represión de la Policía Federal en el territorio Wet’suwet’en, dijo en ese entonces el gran jefe Kanesatake Serge Simon.
La legislación propuesta se basa en un proyecto de ley presentado por el ex diputado del Nuevo Partido Democrático, Romeo Saganash, y aprobado por la Cámara de los Comunes en 2018. Ese proyecto de ley murió cuando el Parlamento fue disuelto antes de las elecciones del otoño pasado después de que los senadores conservadores frenaron el proceso de adopción, argumentando que podría tener consecuencias legales y económicas negativas.

El ex diputado indígena canadiense Romeo Saganash. (THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick)
Los opositores justificaban su rechazo a la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debido a una cláusula que establece la obligación de obtener un «consentimiento libre, previo e informado» de los pueblos indígenas para llevar a cabo proyectos extractivos en territorios indígenas tradicionales, una medida que podría bloquear la explotación de los recursos en territorios indígenas.
Fuente: CBC / R. P Jones / J. Barrera / Canadian Press / RCI
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