En 15 días, 26 casos. Desde el primero de marzo del 2021, los casos confirmados de infección al COVID-19 entre los trabajadores agrícolas migrantes de la provincia de Ontario se elevan a 25.
Durante 2020, se confirmaron 1 940 casos en las granjas de Ontario, lo cual representó el 12% del total de trabajadores en esa provincia. Tres trabajadores murieron.
En un artículo de opinión publicado en el diario canadiense The Globe and Mail el 11 de marzo, los investigadores y profesores universitarios Fay Faraday, Judy Fudge, Jill Hanley Janet McLaughlin, Chris Ramsaroop, Ethel Tungohan y Anelyse Weiler, asociados a las universidades York, McGill, Wilfrid Laurier, de Toronto, de Victoria y McMaster, enfatizan en la necesidad de dar prioridad de acceso a la vacunación a los trabajadores agrícolas extranjeros.
Por su parte, Justice for Migrant Workers, J4MW, una organización de apoyo a los trabajadores migrantes, explica que en 2020, el COVID-19 afectó de manera importante a las comunidades de trabajadores agrícolas en todo Canadá e insiste en que si no se da prioridad a la vacunación, los trabajadores agrícolas se enfrentarán de nuevo a consecuencias catastróficas como resultado de la pandemia.
Recientemente, comunidades como la de Windsor-Essex (Ontario) han tenido que luchar para hacer frente a la pandemia dentro de la comunidad misma, ya que en lugar de abordar la crisis del COVID de manera que se dé prioridad a los más vulnerables, se ha criminalizado y atacado a los trabajadores migrantes, especialmente a las comunidades indocumentadas.
Funcionarios de esa región han publicado cartas en las que se pide un mayor control, incluida la vigilancia de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, de los trabajadores agrícolas inmigrantes. Si se atienden sus peticiones, las consecuencias previstas serán que se restringirá aún más la movilidad de los trabajadores inmigrantes. Por eso, la vacunación, las pruebas y la cuarentena no pueden no pueden llevarse a cabo en un contexto de intensificación de la aplicación de la ley, la vigilancia y la focalización en las comunidades precarias
Los trabajadores agrícolas migrantes también siguen siendo confinados a sus viviendas, y se restringen y vigilan sus movimientos, mientras que los trabajadores canadienses blancos pueden moverse libremente.Justicia for Migrant Workers
Cabe señalar que en semanas pasadas, otros grupos comunitarios que trabajan en defensa de trabajadores precarios en Canadá, publicaron en semanas pasadas una carta abierta (Carta abierta: Vacunas para todos). Fue firmada por una centena de organismos canadienses en apoyo a una vacunación equitativa.
En el documento se explica que las personas migrantes e indocumentadas están están desproporcionadamente afectadas por la crisis del COVID-19.
Además, explica la carta, muchos inmigrantes en Canadá no tienen tarjeta de salud, ni cobertura médica. Según los firmantes, los indocumentados tienen miedo de acceder a la asistencia sanitaria por si su información personal se comparte con las autoridades federales de inmigración. En algunos casos, los empleadores ya han empezado a amenazar a los migrantes con la pérdida del empleo y la deportación si no se vacunan.
- Ser gratuito;
- No requerir una tarjeta sanitaria o un número de tarjeta sanitaria;
- Ser accesible;
- No recoger ningún tipo de identificación o dirección, ni información sobre la situación de inmigración, y desarrollar mecanismos alternativos para el seguimiento de las dosis de la vacuna. (Las autoridades sanitarias deben garantizar que cualquier información personal que se recoja no se compartirá con las autoridades de inmigración o la policía); y
- No ser coercitiva ni obligatoria.
Además, debe crearse una estrategia integral de educación y divulgación pública multilingüe, así como de formación para los proveedores de servicios sanitarios. Las autoridades pertinentes deben coordinarse con las organizaciones dirigidas por migrantes y asumir su liderazgo para garantizar que los migrantes puedan recibir la vacuna COVID y las pruebas de manera segura, accesible y digna, independientemente de dónde trabajen o vivan, y sin temor a consecuencias punitivas.Carta abierta instigada por la Red de los Derechos Migrantes (Migrant Rights Network)
Según esta red de asociaciones, todos los migrantes deben tener acceso a la atención sanitaria universal de forma inmediata, independientemente de su situación migratoria.
Para garantizar unas comunidades seguras y sanas, es esencial el fin de las detenciones y deportaciones, y un estatus migratorio pleno y permanente para todos, concluyen.
RCI con informaciones del diario The Globe and Mail, Justicia for Migrant Workers y la Migrant Rights Network.
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