Niños de la Primera Nación Aamjiwnaang juegan al baloncesto frente a la planta de NOVA Chemicals en Sarnia, Ontario. Esa comunidad, tan cerca de esa industria contaminante, es uno de los ejemplos de lo que los expertos en leyes y activistas llaman "racismo ambiental" (CP PHOTO/ Craig Glover) CANADA

¿Puede una ley acabar con el racismo ambiental? 

En febrero pasado, la diputada liberal canadiense Lenore Zann presentó el proyecto de ley C-230 que obligaría al ministro de Medio Ambiente a crear una estrategia nacional para reparar lo que se conoce como «racismo medioambiental» en un plazo de dos años. El 25 de marzo la ley fue aprobada por el Parlamento de Canadá. 

En un texto para la revista científico-periodística The Conversation, las investigadoras en leyes Angela Lee, de la Universidad Ryerson y Heather McLeod-Kilmurray de la Universidad de Ottawa, el proyecto de ley C-230 supone un primer paso importante para abordar el racismo medioambiental en Canadá.

¿Qué es el racismo medioambiental?

Es un concepto utilizado por primera vez en 1982 por Benjamin Chavis un líder negro de los derechos civiles de Estados Unidos que lo definió como:

«… la discriminación racial en la elaboración de políticas medioambientales, la aplicación de reglamentos y leyes, la selección deliberada de comunidades de color para las instalaciones de residuos tóxicos, la sanción oficial de la presencia de venenos y contaminantes que ponen en peligro la vida de nuestras comunidades, y la historia de exclusión de las personas de color del liderazgo de los movimientos ecologistas».Benjamin Chavis

El organismo canadiense EcoJustice define este concepto como una forma de racismo sistémico, más que de racismo individual. Eso significa que es el resultado de políticas y prácticas institucionales, más que de creencias y acciones individuales.

¿Puede una ley acabar con él? 

Las especialistas de la legislación canadiense Angela Lee y Heather McLeod-Kilmurray recalcan por su parte que las leyes y los derechos, por sí solos, pueden ser inútiles si no van acompañados de obligaciones vinculantes, normas explícitas y una aplicación adecuada.

El gobierno, la sociedad civil y los ciudadanos tendrán que estar activos y vigilantes para reparar y prevenir el racismo medioambiental. La ley también tendrá que estar respaldada por los recursos adecuados y la transparencia para garantizar que la estrategia nacional sea participativa, cuente con los recursos adecuados y conduzca a una renovación y mejora continuas.Angela Lee y Heather McLeod-Kilmurray

Sin embargo, las académicas concluyen que aunque el proyecto de ley C-230 no sea más que un primer paso en un proceso más amplio, es un paso importante en la dirección correcta que puede actuar como catalizador de un cambio más transformador, sobre todo si se vincula con otras ambiciones políticas actuales, como el proyecto de ley de emisiones netas de carbono cero y las enmiendas propuestas a la Ley de Protección Ambiental de Canadá.

Racismo ambiental en Canadá

Líderes indígenas, Coast Salish Water Protectors, y otros se manifiestan contra la expansión del proyecto de oleoducto Trans Mountain de Kinder Morgan en Burnaby, Columbia Británica, Canadá. (Foto: JASON REDMOND/AFP via Getty Images)

Cuando en 2019 Baskut Tuncak, relator especial de la ONU sobre productos químicos tóxicos, visitó Canadá, descubrió que los pueblos indígenas de este país se ven afectados de forma desproporcionada por la exposición a los tóxicos.

En una declaración, escribió que había «observado una tendencia generalizada de inacción por parte del gobierno canadiense» para abordar las amenazas a la salud de las exposiciones tóxicas y sus efectos acumulativos.

Lee y McLeod-Kilmurray explican que muchas comunidades racializadas y de bajos ingresos se han llevado la peor parte de las industrias contaminantes y de otros peligros medioambientales, como la extracción de petróleo y gas, los oleoductos, las refinerías, la extracción de minerales y el vertido de aguas residuales.

Estas comunidades causan pocos de estos problemas y son las que menos se benefician de las actividades e industrias en cuestión. En este sentido, suelen tener poco poder para influir en la ubicación, la limpieza y otras decisiones.Angela Lee y Heather McLeod-Kilmurray

Algunos casos históricos de «racismo medioambiental» aún sin resolver

Africville, una comunidad negra de Halifax, Nueva Escocia, en su día albergó a descendientes de los pueblos esclavizados, se utilizó como matadero y un vertedero a cielo abierto vertedero regional durante décadas, y luego fue arrasada en la década de 1960.

Casas remolques en la orilla de Bedford Basin, el sitio de la antigua comunidad de Africville en Halifax el martes 24 de febrero de 2015. Los antiguos residentes de Africville quieren compensación por la tierra que fue tomada por la municipalidad en la década de 1960. (THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan)

El envenenamiento por mercurio en la Primera Nación de Grassy Narrows y la contaminación química de la Primera Nación de Aamjiwnaang son también ejemplos trágicos de los impactos desiguales de las cargas medioambientales.

A pesar de contar con estos ejemplos, Canadá, a diferencia de Estados Unidos, carece de datos sobre el racismo ambiental. El proyecto de ley C-230 exigiría al gobierno federal:

Recoger información y estadísticas relativas a la localización de los peligros medioambientales… examinar la relación entre la raza, el estatus socioeconómico y el riesgo medioambiental… [y] recoger información y estadísticas relativas a los resultados sanitarios negativos en las comunidades que se han visto afectadas por el racismo medioambiental. Extracto del proyecto de ley presentado por Lenore Zann

Lo que permitiría identificar, documentar y supervisar eventos en los que se sospeche de racismo medioambiental en el país y la creación de procesos para que comunidades indígenas, racializadas y otras afectadas en la elaboración de políticas medioambientales participen, y también la reparación de los daños debidos a la injusticia medioambiental y la garantía del acceso al aire y al agua limpios.

Los argumentos a favor de una ley como ésta son más fuertes que nunca. Otras jurisdicciones están tratando de abordar el racismo ambiental, y el gobierno federal está tomando medidas para abordar el cambio climático y otros problemas ambientales. Pero lo más importante es que en Canadá se siguen imponiendo cargas ambientales injustas a las comunidades racializadas.

Un cartel del centro comunitario de la Primera Nación Aamjiwnaang se encuentra al otro lado de la carretera de NOVA Chemicals en Sarnia, Ontario, el 21 de abril de 2007. Un nuevo estudio ha arrojado luz sobre los problemas de salud a los que se enfrenta una comunidad de las Primeras Naciones que vive cerca de una de las zonas más industrializadas de Canadá. (Foto: THE CANADIAN PRESS/Craig Glover)

¿Qué dice la ley?

El proyecto de ley de la diputada perteneciente al caucus del gobierno de Justin Trudeau reconoce el racismo y la injusticia ambientales de los que son víctimas ciertas comunidades vulnerables del país:

Considerando que un número desproporcionado de personas que viven en zonas ambientalmente peligrosas son miembros de una comunidad indígena o racializada;

Considerando que el establecimiento de zonas ambientalmente peligrosas, incluidos los vertederos y las industrias contaminantes, en zonas habitadas principalmente por miembros de dichas comunidades podría considerarse una forma de discriminación racial;

Considerando que la discriminación racial en lo que respecta a la elaboración de políticas medioambientales, incluida la selección de determinadas comunidades para el establecimiento de lugares peligrosos para el medio ambiente y el posterior abandono de dichas comunidades en relación con la limpieza de esos lugares, constituiría racismo medioambiental;

Considerando que el Gobierno de Canadá se ha comprometido a prevenir el racismo medioambiental y a ofrecer a las comunidades afectadas la oportunidad de participar en la búsqueda de soluciones para reparar los daños causados por el racismo medioambiental;

Y considerando que el Gobierno de Canadá reconoce que la colaboración y una estrategia nacional coordinada son fundamentales para promover un cambio efectivo y lograr la justicia medioambiental;Extracto del preámbulo del proyecto de ley C-230

Paloma Martínez, para RCI, con informaciones del Parlamento de Canadá, The Conversation y de EcoJustice.

Categorías: Indígenas, Medioambiente y vida animal, Política, Sociedad
Etiquetas: , , , , , , , , , ,

¿Encontró un error? ¡Pulse aquí!

Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.