El gobierno canadiense enfrenta críticas por los cambios incluidos en un proyecto de ley que pondría los vídeos y otros contenidos publicados en sitios como YouTube bajo la jurisdicción del ente regulador de la radiodifusión del país.
Los cambios en el proyecto de ley C-10, realizados a petición de los diputados liberales que hacen parte del comité de patrimonio, permitirán a la Comisión canadiense de radiodifusión y telecomunicaciones (CRTC) regular los contenidos generados por los usuarios que suban contenidos a las plataformas de medios sociales, del mismo modo en que son regulados en la actualidad los contenidos difundidos por radio y televisión.
El gobierno canadiense destacó que esos cambios se aplicarán sólo a los contenidos profesionales.
Ottawa afirma que esos cambios son necesarios para que los servicios de difusión continua, llamado en inglés streaming, así como las aplicaciones de gran éxito en internet contribuyan a la cultura canadiense.
Por su lado, algunos críticos sostienen que esas medidas constituyen una infracción a la libertad de expresión establecida en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.

El ministro canadiense de Patrimonio, Steven Guilbeault, en una conferencia en Ottawa el 30 de enero. (Foto: La Presse canadienne / Adrian Wyld)
Los objetivos del proyecto de ley C-10
El ministro de Patrimonio de Canadá, Steven Guilbeault, presentó el proyecto de ley C-10 en noviembre de 2020. La intención declarada era modernizar la Ley de Radiodifusión para que responda a la situación actual, en la que los canadienses consumen cada vez más música, películas, programas de televisión, vídeos y podcasts en línea o a través de aplicaciones móviles.
Según el gobierno del primer ministro Justin Trudeau, el objetivo es garantizar que los servicios digitales de difusión continua de contenidos, que están colectando ganancias espectaculares que salen de los bolsillos de los canadienses, y que además no pagan impuestos, contribuyan a la creación, producción y promoción de contenidos canadienses.
A diferencia de las compañías que distribuyen contenidos por internet, los distribuidores canadienses de contenidos de radiodifusión, como Rogers, Shaw y Bell, están obligados a pagar una parte de sus ingresos al Fondo de Medios de Comunicación de Canadá, un organismo que financia la producción de programación canadiense. Los difusores regulados por la Comisión canadiense de radiodifusión y telecomunicaciones también están obligados a emitir una cantidad mínima de contenidos canadienses en radio y televisión.
Si se aprueba el proyecto de ley C-10, esto le permitirá a la CRTC extender la aplicación de las leyes canadienses de radiodifusión a las plataformas de difusión de contenidos en línea que operan en Canadá, como Netflix, Spotify, Crave y Amazon Prime.
Esas regulaciones podrían obligar a estas grandes transnacionales, que difunden contenido producido en Canadá y por el que no pagan regalías, a tener que contribuir a fondos que apoyen a músicos, escritores y artistas canadienses. También podría exigirles que hagan más visibles los contenidos canadienses en sus plataformas.
- Legisladores de 34 países, incluyendo Canadá, apoyan campaña «Que Amazon pague»
- Aumentarían costos para usuarios si Canadá cobra impuestos a gigantes digitales
- Google promete pagar a productores de contenidos, pero no convence a todos
- Canadá permite a Google Cloud vender sus servicios a agencias gubernamentales
- Canadá planea cobrar en 2022 impuestos a los gigantes de la tecnología
Las enmiendas impugnadas
En su primera versión, el proyecto de ley C-10 eximía del control de la CRTC a aquellos los contenidos generados por los usuarios que se publican en las redes sociales.
Eso significaba que la música o los programas producidos profesionalmente y difundidos por Crave, Netflix, Amazon Prime o Spotify estarían sujetos a la regulación de la CRTC, mientras que los videos musicales en YouTube, las publicaciones en Facebook o los podcasts subidos a Apple Podcasts no tendrían que cumplir con las leyes de radiodifusión debido a que son contenidos subidos a esas plataformas por usuarios individuales.
El propio ministro canadiense de Patrimonio, Steven Guilbeault, destacó esas exclusiones cuando presentó el proyecto de ley C-10 en la Cámara de los Comunes.
«Nuestro enfoque es equilibrado y hemos optado por excluir una serie de ámbitos del nuevo régimen», dijo Guilbeault a los diputados. «Los contenidos generados por los usuarios no estarán regulados».
Sin embargo, la exclusión de los contenidos generados por los usuarios fue eliminada por los miembros de la comisión de patrimonio el 23 de abril. Otra enmienda aprobada por el comité el 26 de abril le otorgaría a la CRTC el poder de regular también las aplicaciones para teléfonos inteligentes.

Michael Geist, profesor de Derecho de las Nuevas Tecnologías en la Universidad de Ottawa. (Foto: Radio-Canada)
Las voces críticas
Los críticos dicen que estas enmiendas podrían darle a la CRTC el poder de regular las publicaciones que millones de canadienses suben cada día a plataformas como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube.
Michael Geist, profesor de la Universidad de Ottawa y titular de la Cátedra de investigación sobre leyes de internet, dijo que esas publicaciones podrían ser consideradas como programas, lo que le permitiría al regulador establecer términos y condiciones asociados a ese contenido.
«El tipo de discurso en el que muchos canadienses participan en estas plataformas es simplemente una libertad de expresión básica y fundamental que no requiere, ni debería estar sujeta a ningún tipo de regulación o supervisión reglamentaria por parte de un regulador de la radiodifusión».
Michael Geist, profesor de la Universidad de Ottawa.
La empresa trasnacional estadounidense Google, propietaria de YouTube, también ha expresado su preocupación por la libertad de expresión.
Esto extiende potencialmente las regulaciones de la CRTC a todos los contenidos de audio y audiovisuales en internet, dijo Google en una declaración a los medios. Seguimos preocupados por las consecuencias imprevistas, especialmente en lo que respecta a los posibles efectos sobre los derechos de expresión de los canadienses.
La secretaria de prensa de Guilbeault, Camille Gagné-Raynauld, dijo que el proyecto de ley C-10 está dirigido a los servicios que seleccionan y encargan contenidos musicales y de video, así como a las compañía que presentan series, películas y música profesionales. «Es una ley que no está dirigida a las publicaciones en internet realizadas por los canadienses a título individual».
«Cuando el contenido subido por los usuarios individuales es curado por una plataforma, y se considera que tiene un impacto significativo, es la plataforma y no el usuario, quien podría estar sujeta a la Ley de Radiodifusión», escribió Gagné-Raynauld en una declaración enviada por correo electrónico.
Gagné-Raynauld añadió que ya se han incorporado al proyecto de ley C-10 las medidas adecuadas para proteger la libertad de expresión.
La transnacional estadounidense dice que le preocupa que la nueva legislación propuesta por Ottawa en materia de difusión de contenidos afecte la libertad de expresión de los canadienses. (Foto: Reuters / CHARLES PLATIAU)
Quien está a favor de las enmiendas al proyecto de ley sobre la radiodifusión en Canadá es Jérôme Payette es el director general de la Asociación de profesionales de la edición musical, un grupo que representa a los editores de música en lengua francesa en Canadá.
Según Payette, la exclusión de los contenidos generados por los usuarios crea una laguna en la ley que habría permitido a YouTube eludir la regulación de la Comisión canadiense de radiodifusión y telecomunicaciones, a pesar de ser una de las plataformas de difusión de contenidos musicales más populares en Canadá.
Payette dijo que la versión modificada del proyecto de ley C-10 aportará transparencia a la forma en que se comparten los contenidos canadienses en YouTube al exigirle a la empresa que informe al regulador y asista a las audiencias públicas.
«Lo que nos interesa es tener una imagen clara de lo que ocurre en YouTube en lo que respecta a los contenidos profesionales. Una vez que lo sepamos, tal vez podamos poner en marcha medidas que permitan descubrir y visibilizar la música canadiense. También podemos hacer que financien la música».
Jérôme Payette, director de la Asociación de profesionales de la edición musical.
Según el gobierno de Canadá, el proyecto de ley C-10 no pretende moderar el contenido publicado por los usuarios individuales.
«[El proyecto de ley C-10] no permite que … el gobierno [o] la CRTC realice la moderación de contenidos, determine los temas o asuntos publicados, o imponga la eliminación de contenidos basándose en los requisitos de contenido canadienses», dijo Gagné-Raynauld.
Esto significaría que los videos de gatos y las versiones acústicas de canciones de Taylor Swift realizadas por músicos aficionados no serán objeto de la aplicación de la ley propuesta.
Lo que sí tendría la CRTC sería un amplio margen de maniobra para decidir cómo poner en práctica sus nuevas competencias, lo que causa en algunos canadienses la preocupación por una posible extralimitación regulatoria.
«Si quieren regular explícitamente lo que hacen estas plataformas, que lo hagan de forma explícita y que se limiten a ello», dijo Emily Laidlaw, presidenta de la cátedra de investigación de Canadá sobre derecho en ciberseguridad en la Universidad de Calgary. «Pero no es así como está redactado [el proyecto de ley]».

El líder neodemócrata Jagmeet Singh apoya una regulación más estricta de la desinformación y el discurso de odio en los medios sociales. (Foto : Radio-Canada)
La perspectiva de los partidos políticos
Ese proyecto de ley está siendo revisado cláusula por cláusula por los miembros del comité de patrimonio. En la Cámara de los Comunes, los liberales necesitan el apoyo de al menos un partido de la oposición para aprobar esa ley.
Desde la oposición, el Partido Conservador ha pedido al gobierno que deseche las enmiendas al proyecto de ley C-10.
Alain Rayes, crítico conservador en materia de patrimonio dijo que su partido apoya la creación de condiciones equitativas entre los grandes servicios de streaming extranjeros y los difusores canadienses, pero no a costa de los derechos y libertades fundamentales de los canadienses.
El líder federal del Nuevo Partido Democrático, Jagmeet Singh, dijo esta semana que su partido está abierto a votar a favor del proyecto de ley.
«Examinaremos detenidamente las enmiendas y el proyecto de ley antes de dar nuestra posición final», dijo Singh, indicando que su partido apoya una regulación más estricta de la desinformación y el discurso de odio en las plataformas de los medios sociales.
El diputado del Bloque Quebequense Martin Champoux dijo que las preocupaciones sobre la libertad de expresión planteadas por los conservadores son exageradas.
«Los conservadores deben dejar de difundir falsos temores sobre el proyecto de ley», dijo Champoux. «Hay que dejar de retrasar los trabajos sobre la C-10. El sector lleva años pidiendo una revisión de la ley».
Fuente: CBC / R. P. Jones / RCI / Adaptación RV
Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.