¿Llegó la hora de abolir la monarquía en Canadá?

Las declaraciones de Meghan Markle, esposa del príncipe británico Harry, que afirmó en una entrevista el pasado domingo en Estados Unidos con la celebridad afro-estadounidense Oprah Winfrey que un alto miembro de la familia real expresó su preocupación por el color de piel de su primer hijo Archie antes de que naciera, causaron diversas reacciones a ambos lados del Atlántico y pusieron una vez más sobre la mesa la cuestión del valor de la monarquía para Canadá.

En Gran Bretaña, en el programa de televisión Good Morning Britain, animado por Pierce Morgan, la abogada Shola Moss-Shagbamimu declaró indignada: “¿qué tipo de abuela es la reina, que siendo tan cercana a su nieto Harry, decide no utilizar su poder y su influencia para proteger a Meghan y Harry de la cobertura mediática racista de parte de la prensa?… como institución, la familia real tiene su fundamento en el colonialismo, el supremacismo blanco y el racismo, ese legado está frente a tus ojos.”

Esa entrevista entre Markle y Winfrey, que pone en tela de juicio los modos de funcionamiento de una antigua familia real europea, puede no tener gran importancia para la mayoría de los canadienses. Pero la monarquía británica tiene presencia en diversos aspectos de la vida diaria en Canadá. El rostro de la reina Isabel II adorna los billetes y monedas del dinero en circulación en el país. Otro ejemplo, en el caso de los inmigrantes que deciden tomar la ciudadanía canadiense, es que estos deben jurar lealtad a la Reina de Inglaterra durante la ceremonia.

El sitio en internet del gobierno canadiense subraya en negrita la palabra “debe” cuando informa a los aspirantes a ciudadanos canadienses que “en Canadá, la Reina es la Jefa de Estado; por lo tanto, para ser ciudadanos, todos los solicitantes de la ciudadanía que tengan 14 años o más deben jurar o afirmar que serán fieles y guardarán verdadera lealtad a Su Majestad la Reina Isabel II, Reina de Canadá, a sus herederos y sucesores”.

Aún más, la propia Constitución canadiense no podría funcionar sin la figura de la reina, sobre todo cuando se trata de modificaciones a la Constitución, como la abolición del Senado, puesto que según las normas parlamentarias, todo cambio constitucional requiere la aprobación de la monarca británica en la figura del Gobernador General, que actúa como su representante en suelo canadiense. Ya en 2015, el entonces líder federal del Nuevo Partido Democrático (NDP), Tom Mulcair, junto a los primeros ministros de las provincia de Saskatchewan y Manitoba, además de un 41% de los canadienses según las encuestas de la firma Angus Reid, querían la abolición del Senado.

Abolir la monarquía en Canadá no es una causa que desencadene el frenesí suficiente como para que los canadienses salgan a las calles reclamando aquello, aunque un sondeo reciente realizado por Research Co. reveló que el 45% de los canadienses prefiere tener un jefe de Estado elegido en lugar de tener una Reina, mientras que sólo el 24% de la población prefiere que la monarquía mantenga su papel actual.

Para Kathleen Newman-Bremag, editora del sitio Refinery29, la monarquía británica no representa los valores de Canadá. Ella sostiene que la monarquía británica es una institución arcaica y que debe ser abolida.

Niigaan Sinclair, indígena anishinaabe y columnista del periódico Winnipeg Free Press, sostiene que la abolición de la monarquía en el país conllevaría una serie de desafíos que afectarán a la Primeras Naciones, ya que los acuerdos sobre propiedad de sus tierras y sus derechos ancestrales fueron firmados con la corona inglesa mucho antes de que exista Canadá.

Para Sinclair, en Canadá hay muy poco apoyo a la idea de abrir un debate constitucional, ya que eso abriría viejas heridas entre un Canadá inglés y un Quebec francés, que no fueron resueltas con la repatriación de la Constitución canadiense en 1982, un documento fundacional canadiense que no fue firmado por la provincia de Quebec.

En caso de abrirse  un nuevo debate constitucional, según Sinclair, se producirían un vacío jurídico que alteraría la vida diaria de los canadienses. Habría que negociar los documentos fundamentales que llevaron a la Proclamación Real, emitida por el rey Jorge III el 7 de octubre de 1763, que estableció las bases para gobernar los territorios de América del Norte entregados por Francia a Gran Bretaña en el Tratado de París de 1763, tras la Guerra de los Siete Años. Ese documento también establecía políticas destinadas a asimilar la población francesa al dominio británico.

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Los documentos previos a esa proclamación, según Sinclair, establecen las obligaciones contractuales y legales de la corona inglesa con los pueblos indígenas, que forman el cuerpo de los acuerdos firmados por la monarquía.

Si se anula la monarquía británica en Canadá, y con ello los documentos firmados, se debe llenar ese vacío jurídico y esos tratados tendrían que ser negociados de nuevo. En ese caso, el cien por ciento de los territorios canadienses volverían de nuevo a propiedad de las Primeras Naciones, explica Sinclair. Él no cree que la población canadiense esté dispuesta a ello, añadiendo que inclusive la Corte Suprema de Canadá determinó que los títulos de propiedad territorial de los pueblos indígenas son anteriores a los títulos de propiedad del Estado canadiense, razón por la cual tendrían más validez.

Por esta razón, aunque en la opinión pública exista una gran indignación a causa del racismo en la familia real, como señalan las palabras de Meghan Merkle, lo suficiente como para pedir la abolición de la monarquía en Canadá, desde la perspectiva de los pueblos indígenas el tema es constitucionalmente mucho más complicado.

Fuentes: CBC / Canada.ca / The Canadian Encyclopedia / Canadian Press / RCI