Este miércoles fue deportado Marlon (nombre ficticio a petición del inmigrante), hombre de 38 años de edad, de origen latinoamericano, que se encontraba detenido en el Centro de Vigilancia para Inmigrantes de Laval. La información la confirmó a RCI Tanya Rowell Katzemba, vocera de Solidaridad sin Fronteras.
RCI contactó a la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (ASFC) para tener la confirmación oficial, pero una vocera de la agencia contestó vía correo electrónico que no podían dar esta información en virtud de la Ley de Privacidad.
Solidaridad sin Fronteras dijo que Marlon, un día antes de su deportación, aún presentaba síntomas de COVID-19, como cansancio y dificultad para respirar. Este inmigrante fue uno de los tres detenidos en el centro de Laval que resultó positivo en la prueba de la COVID-19, por lo que el pasado 15 de febrero comenzó una huelga de hambre. Hasta esa fecha no se habían reportado casos del coronavirus en este centro de detención desde que inició la pandemia, en marzo de 2020.
Marlon recibió la notificación que sería deportado el pasado 11 de marzo y esta medida se hizo efectiva el martes 16, de acuerdo con la información que dio Solidaridad sin Frontera. El inmigrante latinoamericano dejó en Canadá a su esposa y a su hijo, ambos ahora con estatus de solicitantes de asilo.
La ASFC reiteró en su correo electrónico que los tres detenidos que han dado positivo por COVID-19 ya se recuperaron. “En casos en los que hay alguna preocupación médica, los agentes de la ASFC consultan a médicos profesionales y confían en su experiencia para determinar si una persona está apta para viajar”.
Recordemos que desde inicios de la pandemia, las autoridades federales han tomado diferentes medidas para evitar que haya brotes en los centros de detención de inmigrantes. De hecho, en noviembre de 2020, Canadá decidió liberar a la mayoría de los inmigrantes que se encontraban detenidos. En entrevista con RCI, la ASFC dijo que seguía buscando alternativas a la detención.
La ASFC aseguró que los inmigrantes detenidos con COVID-19 se habían recuperado. Foto: THE CANADIAN PRESS/Darren Calabrese
El proceso
RCI conversó con el abogado Alfredo García, miembro de la Asociación Quebequense de Abogados en Derecho Migratorio, para profundizar sobre el proceso que vive un inmigrante que es detenido y cuáles son los riesgos -en pandemia- a los que se enfrenta en el caso de una eventual deportación o expulsión.
“No hay una razón única para ser detenido. Son muchas las razones, entre ellas, por ejemplo, cuando la identidad de la persona no se ha establecido o porque ésta se quedó sin estatus y hay riesgo de que no se presente a una eventual deportación”, explicó.
De hecho, una vez que una persona es detenida tiene una primera revisión de su expediente a las 48 horas, para determinar si hay un garante (una persona que tiene una influencia sobre el inmigrante, como la pareja, o un pastor de una iglesia, o un amigo). En muchos casos conseguir el garante (quien también deberá poner como garantía una suma de dinero de acuerdo con estado socioeconómico) es realmente difícil para los inmigrantes, pues son recién llegados en el país que no tienen muchos contactos. A la semana de su detención se vuelve a hacer una revisión para evaluar si ha sido encontrado un garante y de ser negativo, esa revisión se hace cada 30 días.
Las autoridades migratorias en Canadá han asegurado en múltiples oportunidades que la detención de un inmigrante es la última alternativa, pero expertos en la materia así como activistas de diversas organizaciones insisten en que parece ser la regla.
Con la pandemia, se establecieron medidas para hacer seguimiento a los detenidos sin mantenerlos tras las rejas. Entre las consignas que se imponen a quienes son liberados está el reportarse por teléfono. En determinado momento se habló de poner grilletes electrónicos a los detenidos, pero esa alternativa no prosperó porque va contra la integridad física, considerando, en especial, que la mayoría no son delincuentes ni están detenidos por actos criminales.
La Ley Inmigración y Protección de Refugiados de Canadá establece que las órdenes de deportación deben hacerse cumplir lo antes posible y “la ASFC está firmemente comprometida a hacerlo. El proceso para tomar esa decisión es una respuesta compartida por la ASFC, el ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) y la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB)”.
En su correo, la agencia federal aseguró que “todas las personas a las que se les ordena expulsar de Canadá tienen derecho al debido proceso ante la ley y todas las órdenes de expulsión están sujetas a varios niveles de apelación o revisión. Antes de la expulsión, las personas pueden solicitar una revisión judicial, así como procedimientos de revisión administrativa que evalúen el riesgo potencial para la persona de regresar a su país de origen. La ASFC procede con la remoción solo una vez que estas vías se agotan y los documentos de viaje están disponibles”.
En pandemia, si bien Canadá detuvo las deportaciones desde marzo hasta el 1º de diciembre de 2020, la ASFC siguió expulsando ciudadanos a sus países de origen. De hecho, un reporte de Reuters publicado en enero de este año, daba cuenta que más de 12 000 personas fueron deportadas de territorio canadiense durante el primer año de la crisis sanitaria.
Para García el riesgo de deportar a una persona en pandemia es múltiple, en especial si aún presenta síntomas, no solo porque la persona podría exponer a quienes vayan con ella en el avión, sino además a las personas que van en el transporte del centro de detención al aeropuerto, a los guardias que lo acompañan y claro está, se convierte en un foco de contagio para el país al que llega.
El abogado explicó en el caso de Marlon en específico que si la esposa y el hijo quedaron con estatus de solicitantes de asilo estarán protegidos hasta que se realicen las audiencias pertinentes. En el caso de que obtengan una respuesta positiva, Marlon podría regresar nuevamente a Canadá una vez su familiares sean residentes permanentes, pero éste puede ser un proceso que se puede extender más de 36 meses e incluso puede ser costoso.
Mientras tanto, Solidaridad sin Fronteras reiteró esta semana su llamado a liberar a todos los detenidos de los centros de vigilancia de inmigrantes de Canadá.
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