Varias trabajadoras sexuales, un grupo que aboga por la reforma de la ley sobre la prostitución y la dueña de una agencia de trabajadoras sexuales hacen parte de una alianza que ha iniciado una batalla legal impugnando las leyes sobre prostitución en Canadá.
La Alianza Canadiense para la Reforma de la Ley sobre el Trabajo Sexual, que representa a 25 grupos que trabajan con personas que se dedican al comercio sexual, presentó el pasado 30 de marzo su documentación legal para llevar adelante el caso ante la Corte Superior de Justicia de Ontario.
Esta alianza incluye a grupos en el Territorio de Yukón, así como en ciudades grandes y pequeñas como Vancouver, en la provincia de Columbia Británica y London, en la provincia de Ontario, así como a trabajadoras o ex trabajadoras sexuales. Desde su perspectiva, las leyes en vigor en el país violan las disposiciones de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá.
«Hemos lanzado un recurso de inconstitucionalidad contra la mayoría de las disposiciones sobre el trabajo sexual que se aplicaron en 2014 en el marco de la Ley de Protección de Comunidades y Personas Explotadas», dijo Jenn Clamen, portavoz de la alianza, quien añadió que las trabajadoras sexuales siguen viviendo y trabajando bajo un régimen que las penaliza.
Las leyes actuales sobre la prostitución en Canadá, que entraron en vigor en 2014, despenalizan partes del comercio sexual bajo la premisa de que ese trabajo es intrínsecamente explotador, pero los personas que lanzaron el nuevo desafío legal a esa ley cuestionan la visión que tiene el gobierno federal sobre este tipo de actividad.
Esa nueva ley tipifica como delito la comunicación con el fin de ofrecer servicios sexuales, así como la compra de servicios sexuales, la recepción de beneficios económicos o de otro tipo debido a esa actividad, el reclutamiento de una persona para el trabajo sexual y la publicidad de la venta de servicios sexuales de otros.
En Canadá, cualquier persona que compre servicios sexuales puede ser acusada penalmente, pero los que venden sus propios servicios no se enfrentan a sanciones. (Foto: Shutterstock)
Las nuevas leyes también otorgan inmunidad judicial a las personas que venden y anuncian sus propios servicios sexuales. El modelo de penalizar sólo la compra de sexo, no la venta, se ha denominado el Modelo Nórdico del trabajo sexual porque se originó en Suecia. Canadá es uno de los países que han adoptado este modelo de legislación.
Para los defensores de los derechos de las personas dedicadas a este trabajo sexual, las leyes de ese modelo han empujado el trabajo sexual a la clandestinidad y a zonas más aisladas, haciéndolo más peligroso, según los documentos legales presentados por la alianza.
«El trabajo sexual no es intrínsecamente violento, pero su criminalización produce condiciones que crean vulnerabilidad para una violencia selectiva y de género y a otros abusos», dice el documento.
«Las personas ejercen su voluntad propia para vender e intercambiar servicios sexuales por diferentes razones, incluyendo la de generar ingresos, y sus circunstancias personales son diversas», sostiene uno de los argumentos.
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La documentación presentada por la Alianza Canadiense para la Reforma de la Ley sobre el Trabajo Sexual también dice que terceras partes, como las agencias de acompañantes o los salones de masaje, «proporcionan servicios y apoyos vitales a los trabajadores sexuales, especialmente a las personas más marginadas, que no tienen los recursos como para poder trabajar de forma independiente o contratar sus propios servicios de apoyo».
Las leyes actuales privan a las trabajadoras del sexo del derecho a la seguridad de su persona al inhibir o prohibir dónde y cómo pueden trabajar, exponiéndolas así a mayores daños físicos y psicológicos, afirma la demanda.
La criminalización del trabajo sexual también contribuye a la estigmatización, que conduce a la violencia y la discriminación, y aumenta la probabilidad de que las trabajadoras sexuales no sean pagadas y de que se produzcan encuentros inseguros, dijo Jenn Clamen, portavoz de la alianza.
Una serie de defensores de los derechos y del trabajo sexual están presionando al ministro de Justicia federal, David Lametti, para que se aplique una moratoria a las leyes sobre prostitución. (Foto: Reuters)
«La pandemia no ha hecho más que agravar las ya difíciles condiciones en las que viven las trabajadoras sexuales», afirmó Clamen.
En la demanda contra las leyes en vigor sobre la prostitución presentada en la provincia de Ontario figuran seis trabajadoras del sexo que se ganan la vida en diversos trabajos, algunos en interiores y otros en exteriores. Otra demandante es Tiffany Anwar, una mujer de Ontario que con su marido dirigía una agencia de trabajadoras sexuales en London, Fantasy World Escorts.
En 2015 Tiffany Harvey, también conocida como Tiffany Anwar, y su marido Hamad Anwar fueron detenidos en la ciudad de London, Ontario, y acusados de procurar, publicitar y beneficiarse materialmente de la venta de servicios sexuales ajenos. En febrero de 2020, un juez de Ontario dictaminó que tres de los cargos contra la pareja violaban la Carta de Derechos y Libertades de Canadá. Aunque ese fallo solo se aplicaba a un caso en concreto, sentó sin embargo un importante precedente.
En su sentencia, el juez dijo que las leyes en vigor sobre la prostitución eran tan amplias que prohibían a las personas que se dedican al comercio sexual trabajar en cooperación entre sí o con otras personas en relaciones no explotadoras, y exponían a los trabajadores a un mayor riesgo de explotación.
«Este desafío consiste en reconocer que la salud y la seguridad de las personas que trabajan en la industria del sexo, la mayoría de las cuales son mujeres, es importante», dijo Anwar. “Ellas tienen derecho a un entorno laboral seguro, y la despenalización de la industria es un paso importante para la seguridad y las buenas condiciones de trabajo».
Tiffany Harvey y Hamad Anwar, acusados de beneficiarse de la veta de servicios sexuales en 2015 cuando la policía londinense allanó su negocio Fantasy World Escorts, llegan a un tribunal de Kitchener para los alegatos finales. (Foto: CBC)
A Tiffany Anwar le gustaría abrir otra agencia de trabajadoras sexuales, pero no puede hacerlo debido a las actuales disposiciones legales.
Ella explicó que las trabajadoras del sexo no pueden trabajar en colaboración con terceras partes, debido a que las leyes criminalizan a gerentes, recepcionistas y al personal de seguridad, cuando en realidad esas terceras partes proporcionan un apoyo vital a las personas dedicadas al trabajo sexual.
Durante el juicio contra Tiffany Harvey y su marido Hamad Anwar, el abogado Michael Carnegie argumentó que las víctimas de la prostitución no son sólo los vendedores de estos servicios, sino también los niños expuestos a la prostitución. “La propia sociedad se ve perjudicada por la mercantilización de los servicios sexuales», destacó.
En noviembre de 2015, a un mes de haber ganado las elecciones federales en Canadá, el nuevo gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau dijo que estaba estudiando la posibilidad de introducir cambios en la ley en respuesta a algunas críticas que señalan que la nueva ley aumentaba los riesgos de seguridad para las trabajadoras sexuales, por ejemplo al dificultarles el poder establecer criterios de selección de sus clientes antes de vender sus servicios.
Fuentes: CBC / K. Dubinski / Canadian Press / RCI
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