En la mitología de los nacionalistas quebequenses, la «noche de los cuchillos largos» se refiere a una sesión de negociación que duró toda una noche en el hotel Château Laurier en la capital, Ottawa, durante las negociaciones constitucionales en 1981.
Esa noche, los representantes provinciales llegaron a un acuerdo para apoyar las amplias reformas de Pierre Trudeau. Por razones que aún se debaten, el entonces primer ministro de la provincia de Quebec, René Lévesque, no estaba presente. Al saber del acuerdo, se sintió traicionado y finalmente se negó a firmar el documento de la Constitución de Canadá.
Fue en esa reunión donde las provincias pusieron como condición para apoyar las reformas la inclusión de una «cláusula de no aplicación», o cláusula derogatoria.
Temerosas de perder su autonomía ante una carta federal de derechos fundamentales, las provincias le arrancaron a Pierre Trudeau, padre del actual primer ministro Justin Trudeau, el compromiso de que se les permitiría, en caso de necesidad, anular partes de la carta por períodos renovables de cinco años.
Esa cláusula derogatoria, contenida en el artículo 33 de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades forma parte de la Constitución de Canadá, le permite al Parlamento o a las legislaturas provinciales anular temporalmente ciertas partes de la Carta.
El primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau se estira para estrechar la mano del primer ministro de la provincia de Quebec, René Lévesque, al comienzo de la reunión de los primeros ministros en Ottawa el 2 de noviembre de 1981. (Foto: Bill Grimshaw/The Canadian Press)
Jean Chrétien, en ese entonces ministro de Justicia de Trudeau, restó importancia a esta medida, argumentando ante la Cámara de los Comunes que sólo sería utilizada para «corregir situaciones absurdas».
De hecho, durante la década de 1990, esa cláusula fue tan poco utilizada que algunos juristas se preguntaban si estaba, efectivamente, muerta. Sin embargo, desde entonces esa cláusula fue invocada ocasionalmente.
En junio de 2019, el gobierno del primer ministro nacionalista de Quebec, François Legault, aprobó una ley central para su partido y su gobierno: la prohibición de los símbolos religiosos en gran parte de la administración pública.
Debido a esa legislación, las mujeres musulmanas se sienten particularmente atacadas. Las organizaciones de defensa de los derechos civiles acusaron al gobierno de discriminar a las minorías.
Se destaca el hecho de que, al aprobar la Ley sobre la laicidad del Estado, Legault invocó a la cláusula derogatoria con la intención de blindarla ante las demandas de que esa legislación viola los derechos protegidos ahora por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
A la fecha, si esa ley, apreciada por los nacionalistas quebequenses, permanece intacta en su mayor parte, es gracias al uso de la cláusula derogatoria, resultado de esa negociación acordada a espaldas de René Lévesque.
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El primer ministro de Quebec, François Legault. (Foto: THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz)
Violación legal de los derechos avalada por una cláusula
El 20 de abril un juez del Tribunal Superior de Quebec se pronunció sobre la primera serie de demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley sobre la laicidad del Estado, conocida como Ley 21.
En una decisión de 240 páginas, el juez Marc-André Blanchard confirmó la legalidad de la mayoría de las disposiciones que prohíben a los empleados públicos, como profesores, policías y fiscales, llevar puestos símbolos religiosos en el trabajo.
Sin embargo, en varios puntos, Blanchard también señaló que dicha ley viola los derechos básicos de las minorías religiosas de la provincia de Quebec, señalando que esa ley “acarrea consecuencias graves y negativas para todas las personas que muestran símbolos religiosos en público».
En otro lugar, el juez destaca que «la evidencia muestra sin lugar a dudas que los efectos de la Ley 21 afectarán negativamente sobre todo en las mujeres musulmanas», añadiendo que la ley aprobada por el gobierno de Quebec viola tanto su libertad religiosa , así como su libertad de expresión.
Sin embargo, la cláusula derogatoria impide a los demandantes apelar a los derechos que les reconoce la Carta Canadiense de Derechos y Libertades que protege la libertad religiosa, la libertad de expresión o la igualdad de género.
Como explica el juez Blanchard, no importa qué derechos queden anulados por esa cláusula. Lo único que importa es que se siga el procedimiento adecuado a la hora de invocarla, tal como hizo el gobierno de Quebec.
Entre los partidarios de la ley, existe la sensación de que si no fuera por esa cláusula derogatoria, la prohibición de los símbolos religiosos habría sido declarada inconstitucional.
Guillaume Rousseau, profesor de derecho que asesoró al gobierno sobre la legislación y representó a un grupo pro-secular en el juicio dijo que gracias a la cláusula derogatoria ha ganado la elección del legislador, señalando que “es una victoria de la cláusula derogatoria”.
El único revés significativo para los partidarios de la Ley 21 fue la decisión del juez Blanchard de eximir a las escuelas inglesas de la prohibición de llevar los símbolos religiosos, alegando sus derechos de educación en lenguas minoritarias. Esos derechos, recogidos en el artículo 23 de la Carta, no pueden ser anulados por la cláusula derogatoria.
Manifestantes sostienen carteles durante una manifestación contra el proyecto de ley 21 en Montreal, el domingo 6 de octubre de 2019. La controvertida ley de secularismo de Quebec prohíbe a algunos empleados del sector público llevar símbolos religiosos en el lugar de trabajo. (Foto: THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes)
La ley a «toda costa»
Blanchard se remitió a los precedentes legales en su interpretación sobre lo que permite la cláusula derogatoria. Pero también subrayó en profundidad sus reservas sobre la forma en que el gobierno de Quebec la utilizó en este caso.
En el pasado, la cláusula derogatoria era invocada normalmente en los casos en que el poder legislativo de una provincia canadiense no estaba de acuerdo con una decisión judicial. De este modo fueron limitados los casos en los que se derogaron los derechos reconocidos en la Carta.
La diferencia en el caso de la Ley 21, es que el gobierno de la provincia de Quebec invocó esa cláusula derogatoria de forma preventiva, lo que significa que se impide que un tribunal determine primero si se ha producido una violación de los derechos fundamentales.
Esa ley también contiene una suspensión general de todos los derechos contenidos en las secciones segunda y de la séptima a la quinceava de la Carta, derogando incluso aquellos derechos que no tienen nada que ver con el laicismo.
El juez Blanchard calificó de «preocupante» esta situación, señalando que la ley suspende elementos como el derecho a un abogado y el privilegio abogado-cliente.
Al tratar de garantizar que la ley sea impuesta «a toda costa», el gobierno de Quebec demostró una «indiferencia hacia los derechos y libertades de los afectados», dijo el juez.
Algunos lectores de la decisión tuvieron la sensación de que Blanchard expuso, deliberadamente o no, las consecuencias de largo alcance de la cláusula derogatoria.
Un grupo de personas participa en una manifestación tras la sentencia del Tribunal Superior sobre la Ley 21, la ley de laicidad de Quebec, el martes en Montreal. El fallo mantuvo la mayor parte de la ley, aunque dijo que no puede aplicarse a las escuelas inglesas. (Foto: Paul Chiasson/The Canadian Press)
Según Louis-Philippe Lampron, profesor de derecho constitucional en la Universidad Laval, el fallo rendido por el juez Blanchard “parece ser una invitación a cerrar algunas de las brechas que señala en su decisión».
Robert Leckey, experto constitucional y decano de la facultad de Derecho de la Universidad McGill en Montreal, dijo que la decisión pone de manifiesto la fragilidad de los derechos de las minorías en Canadá cuando «un poder legislativo no tiene el instinto de controlar su poder».
El decano dijo que añadir límites al uso de la cláusula derogatoria no requeriría necesariamente una enmienda constitucional. Los tribunales podrían, por ejemplo, estar más dispuestos a dictar medidas cautelares contra las leyes que utilicen la cláusula derogatoria de forma demasiado amplia.
Por otro lado, alterar el alcance de la cláusula derogatoria también pondría en peligro el compromiso constitucional alcanzado en 1981, dijo Patrick Taillon, profesor de derecho de la Universidad Laval que testificó a favor del gobierno de Quebec en el juicio de la Ley 21.
En el fondo, ese acuerdo consistía en dar a los legisladores elegidos, y no a los jueces, la última palabra sobre cómo debía ser gobernada la sociedad canadiense.
«Puede que estemos en una época en la que la confianza de los ciudadanos en los políticos se está cayendo en pedazos. Pero, ¿cuál es la alternativa? El juez siempre tiene razón en todas las circunstancias», dijo Taillon. «Tenemos que pensarlo dos veces».
Fuente: CBC / J. Montpetit / RCI / Adaptación RV
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