Un grupo de 19 agentes de policía en la provincia de Ontario ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra los gobiernos provincial y federal y varios jefes de policía, alegando que el tener que hacer cumplir las medidas de restricción sanitarias para contener la pandemia les coloca en contradicción con su juramento de defender la Carta Canadiense de Derechos y Libertades.
Quince policías en función y cuatro jubilados de los cuerpos de seguridad de las ciudades de Toronto, Ottawa, Hamilton, así como de los servicios de policía regionales de York y Niagara, además de miembros de la Real Policía Montada de Canadá están detrás de la acción civil.
La demanda fue presentada ante la Corte Superior de Justicia de Ontario contra el primer ministro de la provincia, los fiscales generales de Canadá y Ontario, así como contra cinco jefes de policía.
Esta impugnación legal aún no ha sido probada en los tribunales.
El documento presentado por los policías alega que las leyes canadienses contra la pandemia «no son racionales y no tienen fuerza ni efecto». También sostiene que «los cierres, las órdenes de permanecer en casa y los toques de queda son formas de ley marcial» y que «el uso de mascarillas, el distanciamiento social y los cierres son ineficaces y no tienen base científica ni médica porque se basan en casos de coronavirus que, según los documentos legales, son falsos en un 96,5%».
Este grupo quiere, además, que la Corte Superior de Justicia de Ontario declare que las reuniones religiosas y protestas están exentas de cumplir con las restricciones sanitarias en Ontario.
El abogado de los policías es Rocco Galati, director del Centro de Derechos Constitucionales en Toronto, quien sostiene en uno de sus artículos que hay «histeria y frenesí en torno al Covid-19».
Galati no respondió a una solicitud de comentarios el lunes, pero la impugnación legal fue detallada en una conferencia de prensa virtual publicada el 30 de abril en YouTube.
Los agentes describen que hay una división en las filas
«Mis clientes están preocupados al punto de que están dando un paso adelante, poniendo en riesgo su persona y su reputación debido a las represalias injustificadas, hostiles e irracionales», dijo Galati, flanqueado por la sargento de la policía de Toronto Julie Evans y el inspector de la policía regional de York Christopher Vandenbos, quienes hacen parte de los demandantes.
«Cualquiera que se atreva a expresarse [contra las medidas sanitarias] es condenado al ostracismo y atacado, incluso si lo hace de forma civilizada y apropiada», dijo el abogado Galati.
Manifestación en Montreal contra las medidas sanitarias para contener la pandemia. Los participantes se niegan a usar mascarillas. (Foto : La Presse canadienne / Graham Hughes)
Durante la conferencia de prensa, los policías Evans y Vandenbos dijeron que los agentes de policía de algunos municipios están divididos en líneas ideológicas entre quienes creen que la aplicación de las medidas de prevención de la pandemia contradice su juramento como policías y los oficiales que buscar hacer cumplir con las medidas adoptadas por los servicios de salud pública y las autoridades electas.
La demanda judicial afirma que los supervisores de la policía presionan a los agentes de primera línea para que apliquen lo que Galati denominó «órdenes generales» en lo que respecta al uso de las mascarillas, el distanciamiento físico y los límites a las reuniones públicas.
La policía Evans y el sargento Greg Boltyansky, de la policía de Toronto, también uno de los demandantes, están siendo investigados por la unidad jurídica de la ciudad sobre estándares profesionales por haber supuestamente asistido a una reunión pública que violaba la Ley de Reapertura de Ontario.
La investigación fue iniciada tras informes de que ambos hacían parte de las cuatro personas acusadas por el Servicio de Policía de la localidad de Aylmer en relación con una reunión masiva en la Iglesia de Dios de Aylmer, una congregación del suroeste de Ontario conocida por rechazar las normas establecidas por las autoridades para contener la pandemia.
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Los policías Evans y Boltyansky supuestamente se encontraban fuera de servicio cuando fueron grabados en un vídeo mientras se hallaban en el estacionamiento de la iglesia la noche del 20 de abril. Ambos fueron acusados por la policía local de no cumplir su juramento a la Constitución al no cumplir las leyes provinciales sobre la pandemia.
Esta impugnación legal a las normas de protección contra la pandemia se produce dos semanas después de que el gobierno de Ontario extendió la orden a la ciudadanía de no salir de casa para ayudar a frenar el creciente número de casos y hospitalizaciones causadas por la pandemia.
La orden incluía nuevos y amplios poderes policiales que el gobierno de la provincia tuvo que retirar tras la reacción de la policía, que se negó a detener a la gente al azar para preguntar si sus salidas fuera de sus casas eran esenciales.
La policía de Toronto habla con los manifestantes anti-máscara en Toronto el sábado 23 de enero de 2021. La protesta recorrió el centro de la ciudad durante horas y no fue detenida por la policía. (Foto: La Presse canadienne / Frank Gunn)
Según Galati, «han habido informes de agentes que han ido demasiado lejos». Citó como ejemplo un caso en Calgary, donde un policía utilizó una pistola eléctrica contra un hombre de 21 años que patinaba en una pista de patinaje comunitaria. Otro caso se produjo en Montreal, donde un hombre fue sujetado y golpeado en la cabeza por la policía en un parque de las afueras.
Ambos casos fueron grabados en video y compartidos ampliamente en las redes sociales. «Están abusando de su autoridad», dijo Galati sobre los dos incidentes. «Están golpeando a los ciudadanos».
La Fiscalía de Ontario tomará su tiempo para responder
No se ha fijado una fecha para que el caso constitucional llegue a los tribunales, y tampoco se ha definido si un juez permitirá que proceda esa impugnación.
El lunes, la Fiscalía General de Ontario dijo que la provincia recibió el 29 de abril una notificación de solicitud, la cual está siendo revisada y a la que se responderá a su debido tiempo.
Como este asunto está en litigio, sería inapropiado hacer más comentarios, dijo un portavoz del Ministerio en un correo electrónico.
Esta es la segunda vez en un año que Galati representa a clientes que presentan un recurso de inconstitucionalidad contra las medidas gubernamentales para contener la tercera oleada de la pandemia, cuyas variantes están causando estragos.
En agosto del año pasado, Galati, para quien «el covidismo es la última y mayor fuerza tiránica de la historia de la humanidad», anunció una acción legal del grupo antivacuna Vaccine Choice Canada, contra los gobiernos de Canadá y Ontario, la ciudad de Toronto, figuras políticas de alto nivel, varias autoridades sanitarias de Ontario, funcionarios de salud y el difusor público CBC por su respuesta a la pandemia.
Fuente: CBC / C. Butler / RCI / Adaptación RV
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