La Carta de la Lengua Francesa, que hace parte de las leyes en la provincia de Quebec, y más conocida como la Ley 101, tuvo un nacimiento difícil. Su infancia y adolescencia fueron igualmente tumultuosas, e incluso la primera edad adulta tuvo sus tempestades.
Aprobada por el primer gobierno del Partido Quebequense en 1977, esa ley establecía límites, entre otras cosas, sobre quién podía ir a la escuela en lengua inglesa en Quebec y cuánto inglés podía aparecer en los letreros de las tiendas, aunque inicialmente, no podía aparecer ni una sola palabra en inglés.
Esa ley fue un terremoto para los anglófonos de la provincia de Quebec, desencadenando un éxodo masivo; una serie de acciones judiciales y empujó a la gente a salir a las calles.
Pero al llegar a su edad adulta, las cosas se calmaron para la Ley 101. Cesaron las largas batallas judiciales y las protestas amainaron. Aislin, el caricaturista del más importante periódico en lengua inglesa, The Gazette, en Montreal, dejó de dibujar a Louise Beaudoin, quien fue la ministra del gobierno provincial encargada de aplicar la Ley 101, como una dominatriz.
Cuando estallaba algún escándalo, como cuando un restaurante italiano fue reprendido por no traducir la palabra «pasta» al francés, el evento parecía casi pintoresco, y se convertía en una ocasión para recordar los viejos tiempos, cuando los ánimos se caldeaban de verdad.
Lo más importante era que había pruebas tangibles de que la Ley 101 estaba consiguiendo efectivamente proteger la lengua francesa.
En 1976, sólo el 8% de los anglófonos de Quebec iban a la escuela en francés; ahora lo hace casi el 30%.
Antes de la Ley 101, los inmigrantes solían hablar inglés en casa. Las disposiciones de la Ley 101 en materia de escolarización contribuyeron a cambiar esta situación. Ahora casi el 95% de los habitantes de la provincia puede mantener una conversación en francés.
Sin embargo, recientemente la Ley 101 ha empezado a parecer más vieja que sus 44 años.
El primer ministro de la provincia de Quebec, François Legault y Simon Jolin-Barrette, su ministro de Justicia de Quebec. (Foto: THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot)
Un número creciente de francófonos está optando por estudiar en las escuelas preparatorias, llamadas CEGEP, en lengua inglesa. Existen estudios que sugieren que el francés se utiliza menos en los lugares de trabajo, y hay indicios de que el servicio a la población en lengua francesa en las tiendas de Montreal no es consistente, consecuencias quizá de un mundo que se está globalizando en gran medida en inglés.
En este contexto surgió un consenso entre los partidos políticos de Quebec en sentido de que la Ley 101 necesitaba una renovación, necesitaba hacerse más fuerte.
Tras meses de expectación, el primer ministro de la provincia, François Legault, presentó el 13 de mayo el proyecto de Ley 96, titulada “Un acta de respeto al francés, la lengua oficial y común de Quebec”, un amplio proyecto de ley destinado a reforzar las leyes lingüísticas de la provincia.
El documento presentado por el gobierno de la Coalición por el Futuro de Quebec, CAQ por sus siglas en francés, propone una lluvia de cambios que afectarán las escuelas, las empresas, los tribunales, los gobiernos municipales e incluso la propia Constitución canadiense.
La complejidad del proyecto de ley ha hecho que la reacción hasta ahora haya sido discreta, y con las partes interesadas buscando estudiarla más a fondo.
A medida que esa reacción vaya produciéndose, Legault tendrá que elegir entre continuar con el consenso lingüístico, duramente logrado en Quebec, o buscar ganar ventajas solo de orden partidista.
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Lo que dicen las primeras críticas
Los primeros comentarios en la sede de la legislatura provincial, en la ciudad de Quebec, el 13 de mayo fueron relativamente positivos.
Ninguno de los partidos de la oposición de Quebec consiguió todo lo que quería, pero cada uno de ellos encontró en las 100 páginas del proyecto de ley al menos unas cuantas medidas que ellos respaldaban.
El proyecto de ley incluye, por ejemplo, la idea del diputado liberal Gregory Kelley de impartir clases gratuitas de francés a todo aquel que quiera aprender esa lengua. El partido Quebec Solidario aplaudió las medidas para facilitar el aprendizaje del francés a los inmigrantes, una vieja reivindicación suya. Y el Partido Quebequense vio cumplido su anhelo de conseguir por fin que las leyes lingüísticas se apliquen a las empresas de entre 25 y 49 trabajadores.
Todos los partidos provinciales señalaron su apertura a trabajar con el gobierno, y expresaron su esperanza de que ese espíritu de colaboración sea correspondido en la misma medida.
Sin embargo, hay varios aspectos en los que podrían surgir fricciones. En primer lugar está la personalidad implicada, el ministro provincial de Justicia Simon Jolin-Barrette, recordado por haber empujado a la fuerza la polémica ley sobre el uso de los símbolos religiosos, el proyecto de Ley 21, en la legislatura provincial en 2019.
También fue responsable de una fracasada reforma migratoria provincial, por la cual fue criticado en los medios quebequenses que lo describieron como un autómata sin alma.
En segundo lugar, el proyecto de Ley 96 invoca la cláusula de excepción de la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, de la misma manera en que fue utilizada para imponer la Ley 21, abrogando con ello libertades fundamentales reconocidas por las leyes canadienses.
Esa cláusula fue utilizada de forma preventiva, a fin de proteger a la proyectada Ley 96 de ser anulada por violar derechos fundamentales, legales o de igualdad.
El mes pasado, un juez del Tribunal Superior de Quebec reprendió a Legault por utilizar esa cláusula de esa manera, advirtiendo que sentaba un peligroso precedente. Al primer ministro provincial Legault, evidentemente, no le importó ese argumento.
Al igual que ocurrió con la Ley 21, el uso de la cláusula de excepción creó malestar tanto para los liberales como para el partido Quebec Solidario que no están convencidos de que sea necesario sacrificar los derechos individuales para proteger el francés.
«La laicidad no debe ser un pretexto para la exclusión» dice el cartel de una manifestante frente al Palacio de Justicia de Montreal durante el primer día de la impugnación constitucional al Proyecto de Ley 21 ante la Corte Superior de Quebec en Montreal el lunes 2 de noviembre de 2020. El gobierno de Quebec utilizó la cláusula de excepción para impedir la impugnación de esa ley. (Foto: LA PRENSA CANADIENSE/Paul Chiasson)
Ruba Ghazal, crítica lingüística del partido Quebec Solidario, dijo que la cláusula parecía una concesión a los nacionalistas de línea dura: «Es una forma de decir que somos más católicos que el Papa».
Otro aspecto polémico del proyecto de la Ley 96 es que pretende alterar unilateralmente la Constitución canadiense, para incluir una sección que declare que Quebec es una «nación» y que su lengua común es el francés.
Esta propuesta fue recibida con un silencio nervioso en Ottawa. El líder conservador Erin O’Toole eludió las preguntas al respecto y la ministra de Lenguas Oficiales, Mélanie Joly, optó por la línea de que se estaba tomando tiempo para estudiar el proyecto de ley con detenimiento.
El mecanismo que el gobierno de Quebec quiere utilizar para cambiar la Constitución parece no haber sido intentado previamente. Según tres expertos constitucionales entrevistados por la radio pública canadiense de Radio-Canadá, fue una inclusión sorpresa en el proyecto de ley y nadie estaba realmente seguro de lo que esto significará.
Los intentos anteriores de modificar la Constitución fueron lo suficientemente traumáticos para todas las partes implicadas como para no volver a intentarlo. Es probable que los líderes de Quebec y Ottawa actúen con cautela en este caso.
El gobierno de Legault no necesita el apoyo de la oposición para la aprobación de su proyecto de Ley 96. Su partido tiene una mayoría considerable y es lo suficientemente popular en las encuestas como para permitirse el lujo de ir solo.
De hecho, es probable que parte de esa popularidad se deba al enfoque belicoso que adoptó frente a los críticos de la Ley 21.
Pero la lección del proyecto de la Ley 101, por el contrario, muestra que la protección de la lengua francesa requiere un consenso más amplio.
Fuente: CBC / J. Montpetit / RCI / Adaptación RV
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