La pandemia del Covid-19 ha sido como una radiografía tomada al funcionamiento de la sociedad canadiense y de su economía. Ha revelado sus fracturas, sus sectores de la población más frágiles y ha visibilizado la importancia de aquellos trabajadores que llevan a cargo las tareas menos reconocidas, como el cuidado de las personas de la tercera edad en las residencias, los que trabajan llenando de alimentos los estantes de los supermercados, los que se encargan de limpiar escuelas y hospitales, y muchos más.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reconoció que el Covid-19 había “expuesto las debilidades de nuestro país y mostrado que las personas en situación de vulnerabilidad continúan sufriendo las consecuencias”.
La pandemia, que según la Red canadiense para un ingreso básico garantizado, “ha ampliado y agravado los problemas de una crisis de desigualdad e inseguridad que existen desde hace décadas”, también ha revelado la necesidad de establecer un ingreso básico universal para todos los canadienses.
La idea de un ingreso básico universal, que hace parte del discurso de organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos progresistas, ganó impulso tras la instauración por parte de Ottawa del Programa de Prestación Canadiense de Emergencia (CERB), que daba 2.000 dólares al mes a los canadienses que no reunían las condiciones para recibir la prestación por desempleo (EI) y cuyos ingresos disminuyeron a menos de 1.000 dólares al mes debido al coronavirus.
Detalle de un cheque gubernamental del Beneficio de Respuesta a Emergencias de Canadá (CERB) de $ 2,000, un monto imponible del gobierno canadiense enviado mensualmente a los trabajadores elegibles que perdieron sus ingresos a causa del Covid-19. Ese programa de prestaciones estuvo en vigor de marzo a septiembre de 2020. (Foto: Chris Helgren / Reuters)
Tras su instauración en marzo de 2020, cerca de nueve millones de personas, casi una cuarta parte de la población canadiense, solicitó ese beneficio, lo que permitió evitar una crisis mayor. Esta prestación concluyó en septiembre de 2020.
Esa experiencia ha llevado a miembros del Partido Liberal de Canadá en las provincias de Ontario y Columbia Británica a proponer en otoño de 2020 que la instauración de un ingreso básico universal sería el paso lógico a las prestaciones de ayuda de emergencia de 2.000 dólares al mes que el gobierno de Canadá desembolsó en 2020 para ayudar a millones de canadienses a mantenerse a flote durante la pandemia.
El próximo 9 y 10 de abril de 2021, el partido en el poder, el Partido Liberal de Canadá, llevará a cabo de modo virtual su convención donde el tema del ingreso básico universal, que ya fue propuesto el otoño pasado por algunos diputados del Partido Liberal, será uno de los tópicos prioritarios a ser debatidos.
Aunque el Primer Ministro de Canadá no cerró la puerta a la instauración de un ingreso básico universal presentada por los diputados liberales el pasado otoño como tema de debate para la convención, Trudeau señaló que la revisión de los programas de seguridad social en Canadá no era un tema prioritario en su lista de tareas en medio de una pandemia marcada por un elevado déficit federal.
La línea que separa a quienes están a favor o en contra del establecimiento de un ingreso básico universal, es ideológica, como demuestra la experiencia de un proyecto piloto llevado a cabo en 2017 en la provincia de Ontario, que con unos 15 millones de habitantes, es la más poblada de Canadá.
El gobierno conservador de Doug Ford, en la provincia de Ontario, puso fin a un proyecto piloto de tres años sobre los efectos de proveer un ingreso básico universal. (Foto: CANADIAN PRESS/POOL-Toronto Sun-Stan Behal)
Bajo un gobierno liberal, Ontario puso en marcha un proyecto piloto de renta básica de tres años, pero fue cancelado diez meses después por el nuevo gobierno conservador de Doug Ford.
En ese proyecto, unos 4.000 participantes de bajos ingresos recibieron un estipendio anual de 17.000 dólares al año para las personas solas, las parejas recibían 24.000 dólares, y las personas con discapacidades podían recibir 6.000 dólares adicionales.
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El programa fue cancelado porque el gobierno conservador con el argumento de que no ayudaba a las personas a convertirse en «contribuyentes independientes a la economía» y que ese proyecto disuadiría a los participantes de trabajar. Sin embargo, un informe elaborado por investigadores de las universidades de McMaster y Ryerson reveló que casi el 75 % de las personas que trabajaban al inicio del proyecto continuaron haciéndolo, incluso mientras recibían una renta básica.
Los participantes también reportaron otros resultados positivos de ese proyecto de ingreso básico: tenían una mejor salud general mientras participaban en el programa: más de la mitad dijo que fumaba menos, el 48% dijo que bebía menos, el 83% dijo sentirse deprimido o ansioso con menos frecuencia y el 81% dijo sentirse más seguro de sí mismo. Los participantes también señalaron resultados como la mejora de la dieta, la mejora de la seguridad de la vivienda y la disminución de las visitas al hospital.
La líder del Partido Verde de Canadá, Annamie Paul. (Foto: LA PRENSA CANADIENSE/Adrian Wyld)
La líder del Partido Verde, Annamie Paul, pidió en febrero al gobierno de Trudeau que inicie el debate sobre la creación de una renta vital garantizada nacional, señalando que un ingreso vital garantizado será casi inevitablemente parte de la solución para asegurarse que todos los canadienses se encuentren protegidos por una red de seguridad social.
Los detractores de esta idea, como el profesor Sirvan Karimi, de la Universidad de York en Ontario, destacan que aunque la idea “es deseable en principio, no es una solución mágica a los intrincados y perennes problemas de la pobreza y la desigualdad de ingresos. Además, su aplicación en Canadá no es viable desde el punto de vista financiero, administrativo, político o constitucional”.
Fuentes: CBC / The Conversation / National Observer / CTV / Canadian Press / RCI
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